La memoria de la Fiscalía General del Estado es clara y contundente, en lo que se refiere a violencia de género. La fiscal de Sala, Teresa Peramato, dedica una parte de la memoria a las Unidades de Valoración Forense Integral (UVFI), unas unidades fundamentales pues de forma especializada se valora tanto a la víctima como al agresor en el juzgado de guardia, siendo esto un mecanismo más para poder valorar el riesgo. Un riesgo nada baladí si atendemos a las cifras de este año, donde ya han sido asesinadas 50 mujeres. Según Peramato, la única comunidad autónoma que se salva de la crítica es la Comunidad Valenciana, siendo el expresidente Ximo Puig el único dirigente político que aprueba en su gestión contra la violencia de género según la Fiscalía.
Dice Peramato: “Solo la Comunidad Valenciana está dotada de suficientes recursos materiales y personales. Por ello, nuevamente reclamamos la implantación de estas unidades en todas las provincias con personal suficiente y cualificado con capacidad para atender a todos los órganos judiciales especializados tanto en el ámbito penal como en el civil”.
Tanto Puig como la que fuera consellera de Justicia, Gabriela Bravo, han tenido la lucha contra el terrorismo machista como una de las puntas de lanza de su gestión. En el caso de las UVIF, otro nombre propio ha sido el que junto a Bravo ha conseguido que las unidades de la Comunitat, especialmente la de Valencia, hayan recibido las loas de Teresa Peramato. Se trata de Pura Beltrán, la forense que ha luchado desde el primer día por la implantación de estas unidades. Sin su tesón, probablemente las UVIF seguirían siendo una idea, pero no una realidad como lo son ahora.
Comunidades del PP
Las comunidades gobernadas por el PP, como Madrid, Andalucía y Galicia salen especialmente mal paradas en las críticas de la fiscal de Sala, que afirma que, “un año más comprobamos a nivel estatal “la desigualdad de recursos existente entre las distintas provincias, realidad que se cronifica. En Madrid continúa sin establecerse una UVIF y los informes se emiten por los equipos psicosociales no especializados en la materia. En Andalucía, pese a existir en todas las provincias resultan insuficientes, teniendo que acudir, en concreto, en Sevilla o Huelva a equipos no especializados para la elaboración de informes, además de no emitirse los informes de valoración urgente de riesgo al no existir un servicio de guardia de los médicos forenses de la UVIF. En Galicia la valoración integral de las víctimas la realizan los Institutos de Medicina Legal”.
En País Vasco, tanto en Álava como en Guipúzcoa, dice la memoria que se detecta un aumento del plazo para la emisión de informes. En Teruel el recurso a la unidad viene limitado a casos de maltrato habitual; en Huesca la unidad no tiene exclusiva dedicación en materia de violencia de género; y en Zaragoza, si bien se dispone de un servicio especializado de valoración integral, no se dispone de un médico forense que atienda en exclusiva las peticiones formuladas por el JVM en las causas urgentes.
En Cataluña sólo existe una unidad por capital de provincia. En Navarra y en Canarias no existen unidades, supliendo en Navarra su carencia con el equipo de psicólogos externos. En Cantabria existe una unidad. En Asturias existen dos unidades. En la Rioja existe una unidad. En el territorio gestionado por el Ministerio de Justicia son 24 las UVIF pero, en opinión común de los/as fiscales delegados/as no cumplen todas las expectativas ni se da respuesta inmediata en los casos de urgencia. El tiempo medio de respuesta de las UVIF a nivel estatal, es de ocho meses.
