1. Cursos de castellano, pero no de catalán
  2. Discriminación en los fondos europeos

 

Hace unos meses, el Boletín Oficial del Estado publicó un Real Decreto que regulaba la concesión directa de dos subvenciones: una en la Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid (ECAM) y otra en la Escuela Superior de Cine y Audiovisuales de Cataluña (ESCAC), con sede en Terrassa.

El decreto, firmado por el ministro de Cultura y Deportes, Miquel Iceta, subvencionaba actividades académicas teóricas y prácticas para formar a profesionales de los audiovisuales “en capacidades digitales dentro del sector de la cinematografía y el audiovisual”.

Cursos de castellano, pero no de catalán

En el caso de la Escuela Superior de Cine y Audiovisuales de Cataluña (ESCAC), el decreto de Iceta financiaba el proyecto FAST FORWARD by ESCAC. Se trata de una serie de cursos ofrecidos en una “red de centros en todo el territorio español” y un sistema de becas “donde se encuentren los recursos técnicos que sean imposibles de desplazar”.

Especificaba concretamente que una de las actividades a las que el ESCAC debe destinar la subvención era un “curso de español técnico para profesionales europeos”. En cambio, el documento no preveía ninguna ayuda para cursos de catalán técnico.

En la exposición de motivos, el Real Decreto sólo explicaba que la subvención se aprobaba en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, un programa de ayudas del gobierno español financiado en parte con fondos europeos.

Discriminación en los fondos europeos

Plataforma por la Lengua ha denunciado reiteradamente que estos fondos europeos han llevado, desde el año 2021, a la aparición de una gran cantidad de normas reguladoras de subvenciones y premios con cláusulas lingüísticas discriminatorias.

Algunas de estas normas potencian o promueven activamente el castellano sin potenciar y promover también el catalán (como es el caso de la subvención del ESCAC), mientras que otras muchas refuerzan el castellano de manera menos directa con la imposición de su uso en las solicitudes y en la documentación acreditativa y justificativa obligatoria.