La fiscalía ha detectado «una disminución de las acciones de sabotaje» y de violencia atribuidas al independentismo catalán, lo que considera que «principalmente» se debe «al agotamiento de la militancia y a la falta de hechos relevantes para su imaginario que puedan ser utilizados como revulsivo para la convocatoria de grandes manifestaciones y campañas de acciones», en referencia a la sentencia del ‘procés’ de condenó a los responsables del 1-O, según consta en la memoria de fiscalía de 2022, dada a conocer este jueves tras el acto de apertura del año judicial.
El texto que refleja la evolución de la criminalidad añade que «la pérdida de la iniciativa por parte de estos grupos violentos motivada también en parte por la acción de la justicia ha ocasionado que gran parte de su actividad se centre en la llamada ‘Antirrepresión‘. La movilización en respuesta a los procesos judiciales detrae la mayor cantidad de recursos a estos colectivos, con la ejecución de campañas de pintadas o en redes sociales».
En 2022 los actos atribuidos al independentismo catalán citados en la memoria son un ataque a sedes políticas, tres a empresas privadas, ocho de daños públicos y desobediencia, 11 de daños e incitación al odio y un enaltecimiento del terrorismo. El número total de diligencias asciende a 24.
En cuanto a terrorismo la fiscalía explica que «tras la celebración del referéndum ilegal de Cataluña, la Guardia Civilidentificó como una amenaza la existencia y proliferación de los Comités de Defensa de la República (CDR)«. La hipótesis se reforzó con los «actos violentos» que se produjeron tras la sentencia del ‘procés’, lo que supuso la apertura de varias diligencias de investigación que acabaron en el procedimiento seguido contra una célula de los CDR, procesados por terrorismo y la posibilidad de fabricar sustancias explosivas. En la Audiencia Nacional también se investiga la actividad de la plataforma Tsunami Democràtic para identificar a sus dirigentes y su financiación.
