- Aprobación sujeta a condiciones
- Mantener la sede y la plantilla
- Política de dividendos “prudente”
- No podrá promover desinversiones
- Una protección similar a la de Naturgy
El Gobierno ha puesto en marcha los mecanismos para estudiar si autoriza la compra de hasta el 9,9% de Telefónica por parte de STC Group, el grupo de telecomunicaciones que controla el gobierno saudí. Moncloa tiene decidido dar luz verde a la operación, pero ha diseñado un plan para proteger a la principal teleco española.
La operación ha pillado por sorpresa tanto al Ejecutivo como a la dirección de Telefónica. Precisamente, el presidente de la operadora, José María Álvarez-Pallete, y el consejero delegado, Ángel Vilá, emprendieron este miércoles viaje a Arabia Saudí para reunirse con la cúpula de la operadora STC, y conocer de primera mano sus intenciones.
Según la normativa que regula el control de inversiones extranjeras en compañías españolas, el conocido como ‘escudo antiopas’, el Gobierno tiene la potestad de autorizar o rechazar compras de más de un 10% en empresas estratégicas por parte de inversores extranjeros.
Sin embargo, esta legislación se actualizó a principios de julio, añadiendo matices para operaciones particulares que puedan suponer riesgos para la seguridad de los españoles.
Entre esta letra pequeña, se incluye la suspensión del régimen de liberalización cuando alguna de las empresas involucradas trabaja con tecnologías críticas, como pueden ser telecomunicaciones o la inteligencia artificial.
Aprobación sujeta a condiciones
Según ha podido confirmar Confidencial Digital por fuentes de la cúpula económica del Gobierno, Moncloa tiene decidido dar luz verde a la compra de hasta el 9,9% de Telefónica por parte de STC Group.
Pero avanzan que la aprobación estará sujeta a “estrictas condiciones” durante los próximos cinco años. Un “tutelaje”, añaden las fuentes consultadas, que pretende garantizar la españolidad de la compañía y las inversiones estratégicas.
Entre esas condiciones, destaca que STC Group deberá apoyar en el ejercicio de sus derechos de voto en la junta de accionistas o en el consejo de administración la inversión de la compañía en relación con la seguridad y la defensa de España y el “futuro digital” del país.
Mantener la sede y la plantilla
También debe comprometerse a mantener el domicilio social y la sede efectiva de los negocios de la teleco en España, así como a mantener “una parte significativa de la plantilla” en el país.
Telefónica tiene una plantilla total de 104.000 empleados, de los que 16.500 trabajan en España.
Política de dividendos “prudente”
El grupo saudí deberá apoyar además una política de dividendos “prudente, que permita acometer la política de inversión vinculada a la defensa, la seguridad y las comunicaciones nacionales”.
El Gobierno también le exigirá aplicar una estrategia de endeudamiento externo encaminada a mantener su calificación crediticia de grado de inversión de la sociedad y que las ratios de endeudamiento no sean superiores a lo fijado por la CNMC.
Por si fuera poco, STC no podrá promover ninguna propuesta de desinversión distinta de las que se incluyan en el plan estratégico para el periodo 2023-2026 que implique que pierda el control sobre las filiales “que puedan poner en peligro el buen funcionamiento de las actividades de defensa y telecomunicaciones en España”.
El nuevo plan estratégico, que será impulsado este otoño por el presidente de la compañía, José María Álvarez-Pallete -bajo el seguimiento del consejo de administración-, sustituirá al aprobado en 2019
Una protección similar a la de Naturgy
Según las fuentes consultadas, el plan de Moncloa para proteger a Telefónica se va a basar en el sistema que ya utilizó hace dos años para defender a Naturgy de la opa del fondo australiano IFM sobre el 22,69% de su capital.
En aquel momento, impuso a IFM apoyar la inversión de Naturgy en “proyectos vinculados a la transición energética en España que contribuyan a generar valor a largo plazo, sean sostenibles y se ajusten a los estándares de mercado en rentabilidad y perfil de riesgo”.
Tampoco puede respaldar ninguna propuesta de desinversión distinta de las que se incluyen en el plan estratégico para el periodo 2021-2025 que implique que pierda el control sobre las filiales “que puedan poner en peligro el buen funcionamiento de las actividades de transporte y distribución de energía eléctrica y gas natural en España”.
También se le exigió una política de dividendos “prudente que permita acometer la política de inversión vinculada a la transición energética”.
