La Fiscalía General del Estado (FGE) ha alertado de un «alarmante» incremento del 116% de las agresiones sexuales perpetradas por menores en España en el último lustro, entre el año 2017, cuando se registraron 451 causas, y 2022, cuando hubo 974.
Así lo refleja la Memoria presentada al inicio del año judicial por el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, y consultada por Europa Press. Según precisa el documento, durante la mayor parte del año 2022 ha estado todavía vigente la diferenciación entre el tipo penal de agresión sexual y, por otra parte, el de abuso sexual, por lo que las cifras estadísticas constan separadas y las aplicaciones informáticas no han recogido las novedades de la ley del ‘solo sí es sí’.
Así, de los datos se desprende que, en 2022, las agresiones sexuales incoadas perpetradas por menores ascendieron a 974, lo que supone, según la Fiscalía, «un notabilísimo y preocupante» ascenso del 45,8% respecto al año 2021 en el que se registraron 688 causas.
Continúa así la tendencia ascendente que se evidencia desde 2017, cuando se registraron 451 causas. En 2018 fueron 648; 564 en el 2019 y 544 en el 2020. «Resulta alarmante que la cifra de incoaciones por este tipo penal se haya incrementado en un 116% desde el 2017», valora la Fiscalía en su memoria.
La FGE señala que las causas de este auge son «complejas» y apunta que es «generalizada» la opinión entre los delegados de que «confluyen factores diversos que conducen a los menores a realizar conductas sexuales virulentas».
Así, la sección de Sevilla lo atribuye a la carencia de una adecuada formación en materia ético-sexual y al visionado inapropiado y precoz de material pornográfico violento. En el mismo sentido expresan su alerta por el aumento de estos delitos las secciones de Murcia, Badajoz, Barcelona, Huelva, Huesca, Ourense, Islas Baleares, Cáceres y Madrid. Solo la sección de Toledo da cuenta de un descenso de estos delitos frente a otros años en que sí habían aumentado las agresiones sexuales denunciadas entre familiares y hermanos.
Por otro lado, la memoria de la Fiscalía revela que los abusos sexuales perpetrados por menores suponen un cómputo total de 1.973 causas incoadas experimentando un «leve» ascenso del 0,81% respecto al año 2021. En todo caso, también se confirma una tendencia ascendente desde 2017 ya que la cifra actual supone un «notable» incremento del 111% respecto a aquel año.
Más allá de la actividad en materia de responsabilidad penal de los menores, el documento revela que las incoaciones por delitos de agresión sexual se han incrementado un 31,5%, pasando de 7.302 en 2021 (diligencias previas incoadas) a 9.603 en 2022. Mientras, los delitos incoados de abuso sexual se reducen en un 3,39% (de 8.937 en 2021 pasan a 8.634 en 2022).
En el caso de las figuras delictivas de agresión y abuso sexual a menores de 16 años, han aumentado un 2,8% en los casos de abusos sexuales y un 36,4% en las agresiones sexuales. En este tipo de delitos, la Fiscalía advierte de que se mantiene un «indefinido índice de impunidad» porque las conductas no afloran, perpetrándose con gran frecuencia al aprovecharse las relaciones próximas entre víctima y agresor (familia, colegio, clubes deportivos). En este sentido, el Ministerio Fiscal apela a la «responsabilidad de todos» para «crear un clima de apoyo para que las víctimas salgan de su silencio».
En el punto de mira por la ley del ‘sí es sí’
Según precisa la Fiscalía, en el año 2022 este tipo de delitos cobra «especial relevancia» y se han puesto «en el punto de mira» con motivo de la modificación legislativa que han experimentado como consecuencia de la Ley Orgánica de garantía integral de la libertad sexual, conocida como ley del ‘solo sí es sí’, impulsada por el Ministerio de Igualdad, que dirige Irene Montero. La nueva norma integra bajo una única denominación los delitos contra la libertad sexual que con anterioridad constituían dos infracciones diferenciadas (abuso sexual y de agresión sexual) y sitúa el consentimiento en el centro.
Esta integración, según puntualiza la FGE, ha generado «cierta confusión» en el debate público «por las rebajas de pena de sentencias firmes tras su revisión al amparo de la nueva norma». Tal y como recuerda, el 21 de noviembre de 2022 se dictó por el Fiscal General del Estado un decreto para dar una respuesta uniforme, partiendo del principio de «retroactividad de la norma más favorable», aunque instando a la «individualización de cada caso» y a huir de «automatismos que impidan valorar las circunstancias concretas».
El Ministerio Público recuerda que al tiempo de redactarse esta memoria, ha tenido lugar una nueva reforma legislativa en virtud de Ley Orgánica 4/2023, de 27 de abril, la reforma de la ley del ‘solo sí es sí’, para evitar el efecto no deseado de una posible aplicación de las penas mínimas de los nuevos marcos penales, que son más amplios, para que en casos graves no exista la posibilidad de que se impongan penas bajas.
