- Exigencia de Puigdemont
- La Ley del Gobierno lo prohíbe
- Proyecto de ley
- El PP puede retrasarla dos meses
- “Siempre dentro de la Constitución”
Tras el viaje de Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar, para conversar con Carles Puigdemont, líder del Junts per Catalunya, el expresidente de Cataluña marcó la aprobación de una ley de amnistía como una condición fundamental para llegar a un acuerdo que invista al candidato socialista y presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez.
Desde Sumar ven posible sacarla adelante antes de la investidura, mientras el Gobierno está en funciones. Sin embargo, esta idea va en contra de la legislación actual, que impide al consejo de ministros aprobar iniciativas de dicha magnitud hasta que no se haya formado un Ejecutivo.
El otro camino posible para esquivar esta legislación es que los grupos parlamentarios presenten una proposición de ley. Un proceso imposible por los tiempos. Solo con su paso por el Senado podría demorarse hasta dos meses gracias a la mayoría del PP en esta Cámara, el tiempo límite que hay antes de que se convoquen nuevas elecciones.
Exigencia de Puigdemont
Carles Puigdemont, máximo responsable de Junts, anunció este martes las exigencias necesarias para apoyar una investidura. Tanto de Pedro Sánchez como del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que tras escucharlas rechazó reunirse con la formación independentista para llegar a acuerdo alguno.
La segunda de las peticiones del exlíder catalán fue la aprobación de una ley de amnistía. Al marcarlo como un compromiso obligatorio, se ha interpretado que expresident exige que dicha norma se apruebe antes de la investidura, para asegurarse así de que se cumple.
Algo contrario a lo habitual en unas negociaciones. Usualmente se acuerda una serie de puntos que se van ejecutando a lo largo de la legislatura.
Los partidos que aspiran a reeditar la coalición, Partido Socialista y Sumar, tienen dls opciones para abordar esta petición: hacerlo vía Consejo de Ministros o presentando un proyecto de ley.
La Ley del Gobierno lo prohíbe
La Ley del Gobierno, que marca qué puede o no hacer el Ejecutivo mientras esté en funciones, señala que mientras se encuentre en este periodo, “limitará su gestión al despacho ordinario de los asuntos públicos, absteniéndose de adoptar cualesquiera otras medidas”. Por lo que su función debe mantenerse al margen de iniciativas extraordinarias, como lo sería la primera ley de amnistía de la democracia.
La norma señala una excepción. Debe ceñirse a cuestiones “ordinarias” excepto en “casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general cuya acreditación expresa así lo justifique”. Esto es, medidas que justifiquen la rapidez de aprobarlas cuanto antes por el bien del país. El Gobierno ya ha aprobado medidas utilizando esta justificación a pesar de no cumplirlas, pero una ley para el olvido que plantea un debate constitucional y no tendría precedentes en la democracia, dificultaría aún más su justificación.
En consecuencia, la vía de tramitar una ley así vía Gobierno queda prácticamente descartada.
Proyecto de ley
La segunda opción tiene menos problemas legislativos pero más en cuanto a los plazos. El consejo de ministros puede dar luz verde a reales decretos ley, que entran en vigor instantáneamente sin que tengan que pasar por el Congreso de los Diputados hasta cuatro semanas después.
Pero si se tramita como el proyecto de ley los plazos se alargan. Esta vía implica que no es el Gobierno quien presenta la norma —como sucede en decretos ley y proyectos de ley—, sino que es un grupo parlamentario el que la presenta a la Cámara Baja.
Si el PSOE o Sumar presenta una proposición de ley de amnistía, primero se debe celebrar un debate de toma en consideración y seguirá adelante con mayoría simple. La Mesa la envía al Gobierno, que puede vetarla si modifica las cuentas del Estado. Después comienza el trámite parlamentario: el Congreso tiene un mes para debatir la proposición, y quince días para plantear enmiendas. Después debatirlas y votar la norma en Congreso y Senado. Un proceso que puede alargarse hasta cuatro meses.
La reglamentación señala que el plazo para investir a un presidente es de dos meses desde la primera investidura, que será la de Feijóo el próximo 26 y 27 de septiembre. Por lo que los grupos tendrían hasta finales de noviembre para sacarla adelante.
El PP puede retrasarla dos meses
Solo este trámite en la Cámala Alta, donde el PP tiene mayoría absoluta, se puede retrasar hasta dos meses antes de debatir la introducción de enmiendas. Después, el PP podrá vetarla. En ese caso la ley volvería a la Cámara Baja, que necesitará un aprobarla por mayoría absoluta en un plazo de dos meses.
“Siempre dentro de la Constitución”
Los socialistas mandan un mensaje firme: “Todo lo que se acuerde estará dentro de la Constitución”, afirman desde Ferraz. De este modo, niegan que cualquier tramitación o contenido de la ley incumpla la ley vigente ni la Carta Magna.
