Agentes de la Policía Nacional, la Guardia Civil y los cuerpos de policía autonómicos y locales llevan años denunciando el aumento de las agresiones físicas que sufren, y al mismo tiempo, las denuncias judicial y acusaciones públicas a las que se enfrentan cuando tienen que hacer uso de la fuerza para reducir a alguna persona que supone un peligro.
Frente a estos problemas, agentes, sindicatos y asociaciones policiales reclaman desde hace tiempo que a todos se les dote de una cámara unipersonal, un pequeño dispositivo que se lleva en el pecho y que graba las intervenciones, para así poder presentar esas imágenes como pruebas en un juicio.
Confidencial Digital ha comprobado que el Ministerio del Interior abrió hace unas semanas un proceso para ampliar el número de cámaras de este tipo de que dispone la Policía Nacional.
Lanzó una licitación pública para adquirir “2800 Dispositivos de Grabación Unipersonal (DGU) de imágenes y audio, para unidades de Investigación de la Policía Nacional, junto con accesorios”.
El presupuesto base de licitación sin impuestos asciende a 1.684.628,10 euros. El contrato se tramita por el procedimiento negociado sin publicidad.
Puede parecer una cantidad pequeña, si se tiene en cuenta que la Policía Nacional cuenta con 74.458 agentes.
Pero es una compra relevante si se compara con las cámaras unipersonales que tenía el cuerpo hasta ahora. En abril de 2022, el director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras, anunció la compra de 1.050 videocámaras personales para los agentes que recibieran pistolas Taser, los dispositivos electrónicos de control.
Meses después, en agosto del año pasado, se empezaron a esas esas cámaras, conforme a un protocolo de uso aprobado por el Director de Apoyo Operativo (DAO) de la Policía Nacional.
Para el mes de septiembre de 2022, reconocía tener 1.200 cámaras unipersonales.
Ahora va a adquirir más del doble de esa cifra, y si no ha variado desde entonces, sumarían 4.000 unidades.
