Hace un año, la amenaza del poco después dimitido Carlos Lesmes sobre su salida de la Presidencia del Consejo General del Poder Judicial si no se daba solución a la insostenible interinidad del órgano, que va camino de cumplir un lustro en funciones, se interpretó como el revulsivo definitivo que obligaría al PSOE y al PP a pactar su renovación. Ocurrió en el acto de apertura de tribunales, el más solemne que celebran los miembros del Poder Judicial, y en presencia del rey, pero un año más tarde las cosas no han cambiado.
El Salón de Plenos del Tribunal Supremo acogerá este jueves un nuevo acto solemne que evidenciará, de nuevo en presencia de Felipe VI, la desintegración de un órgano constitucional con competencias cercenadas que se va quedando sin vocales y la desesperación de los miembros de un alto tribunal que suma casi un tercio de plazas sin cubrir, con el consiguiente efecto en el dictado de sentencias y el perjuicio a los ciudadanos.
«Si algo está mal y no mejora, empeora», resume María Jesús del Barco, la presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura, mayoritaria entre los jueces asociados de nuestro país. Los numerosos vocales del Consejo del Poder Judicial consultados por EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del grupo Prensa Ibérica, coinciden en señalar que los discursos oficiales que leerán tanto el fiscal general del Estado el presidente en funciones del Supremo, Francisco Marín Castán, estarán marcados por la inestabilidad política que hace imposible pensar en una renovación inminente.
Larga bicefalia en el Poder Judicial
«Eso es una anomalía institucional de primer orden», señalan a este diario desde el sector progresista del órgano, «y ademas con la sensacion de que sobre la justicia y los problemas que arrastra se habla poco». El protagonismo en el acto de Marín Castán pondrá también en evidencia la bicefalia en el Consejo y el Supremo, un cargo que constitucionalmente debe ser ostentado por una misma persona designada por los vocales, pero que ahora se reparte entre el vocal de mayor edad del Consejo, Vicente Guilarte -que recientemente sustituyó a Rafael Mozo tras su jubilación- y el presidente de Sala más antiguo del Supremo.
El hecho de que sea este último quien tome la voz este jueves fue incluso motivo de división en el órgano de gobierno de los jueces, ya que algunos vocales manifestaron que quien debía hablar ante el rey y dar su visión de la situación debía ser Guilarte, que podría dar un sentido más ‘político’ a sus palabras. Marín Castán hablará previsiblemente de la situación precaria que sufre el Supremo desde que no se realizan nombramientos, pero la bicefalia hará que su intervención sea más deslucida que si hablara un presidente de un órgano renovado.
Un Supremo en mínimos
Desde todos los sectores del órgano se coincide también en señalar como gran problema el de las vacantes en la cúpula judicial, que suma más de 70 plazas sin cubrir entre la Audiencia Nacional, los tribunales superiores de justicia y el Tribunal Supremo desde que en marzo de 2001 el Gobierno impulsó una reforma legal que privó al CGPJ de su potestad de realizar nombramientos discrecionales. En el alto tribunal, donde no pueden hacerse reemplazos provisionales, las sillas vacías sumarán esta semana ya un total de 23, lo que supone casi una tercera parte de la plantilla. Ello provoca una situación ya insostenible en salas como la de lo Contencioso-Administrativo y lo Social, que acumulan miles de recursos derivados de las restricciones y los ERE por el covid.
«Por el momento ha sido imposible buscar una solución interna, o al menos no es fácil», reconocen desde el Consejo, que también ha visto reducido su Pleno de los 21 a los 16 miembros a cuenta de jubilaciones, renuncias y fallecimientos. «Esperanzas de renovación hasta que no se forme gobierno no hay ninguna, y habrá que ver si el PP sigue teniendo un objetivo de bloqueo a la vista«, insiste a este diario uno de los vocales.
Desde el sector conservador se teme que las iniciativas políticas que pueda llevar a cabo un nuevo Gobierno de Pedro Sánchez abunden en el desacuerdo para la renovación y que se camine hacia escenarios de inseguridad jurídica, como apunta el vocal José María Macías.
«Sabe dios lo que está por venir», añade otro vocal de la misma sensibilidad, mientras que el consejero Juan Manuel Martínez Moya cree que los políticos «deben encapsular y alejar la renovación del gobierno del poder judicial de toda lucha partidista» y sentar las bases de un pacto por la justicia.
Asociaciones de jueces
Desde las asociaciones de jueces abundan en el análisis, Fernando Portillo, de Foro Judicial Independiente, lamenta tener la convicción de que el sistema de elección de los vocales judiciales del Consejo -doce en total, que son elegidos por el Congreso desde una lista inicial que aportan asociaciones e independientes con aval- no va a ser reformado en breve pese a que así lo aconsejan las instituciones europeas. La finalidad de esta reforma, que defiende el PP pero a la que se opone el PSOE, iría encaminada a su juicio a «matizar» la politización actual del órgano.
«Para el Foro Judicial Independiente es indispensable esta reforma legal, incluso antes de renovar el Consejo del Poder Judicial, de lo contrario estamos manteniendo un sistema que, ya es evidente, no funciona, pues se trata de un sistema que posibilita los bloqueos políticos», añade Portillo. En la urgencia de esta reforma legal incide también Jorge Fernández-Vaquero, portavoz de la asociación de jueces y magistrados Francisco de Vitoria: «La reforma del sistema de elección de vocales del Consejo y recuperación del funcionamiento normal del órgano son imprescindibles».
Para Del Barco, de la Asociación Profesional de la Magistratura, el curso judicial empieza «peor que el año pasado» y con la situación pendiente de que se forme Gobierno, por lo que teme que para los políticos la situación de interinidad del Consejo del Poder Judicial sea secundario. «Pero cada día hay más jubilaciones en el Supremo, lo que perjudica a los ciudananos y su derecho a la tutela judicial efectiva«, afirma esta juez, que se refiere también a la incertidumbre sobre quién será el próximo titular de Justicia y el futuro de las leyes de eficiencia que decayeron al finalizar la legislatura.
Finalmente, Edmundo Rodríguez Achútegui, de Jueces y Juezas para la Democracia, califica de «terrible» el panorama que presenta el nuevo año judicial, e incide en que «no tiene sentido mantener el bloqueo» para renovar el Consejo por más tiempo. «Entendemos que las razones del bloqueo deben superarse, porque quien lo propicia está demandando recuperar consensos constitucionales y propone pactos que, si se realmente se quieren, a lo primero que obligarían es a la inmediata renovación del Consejo», concluye.
