Carles Puigdemont fijó este martes las condiciones de Junts para negociar la investidura de Pedro Sánchez. Pero no solo. Estableció además la próxima fecha límite de Junts para el cobro de los compromisos adquiridos por el PSOE: la reunión del Consejo de la UE que debatirá la propuesta española de incluir catalán, euskera y gallego entre las lenguas oficiales de la Unión. Y los pasos que deben hacerse realidad antes de la votación de la investidura de Sánchez.
Los políticos españoles «no son de fiar», repite sin descanso el ex president desde que el 23J dio a JxCat la llave de la investidura. Lo hizo durante las negociaciones para la constitución de la Mesa del Congreso. Y lo reiteró este martes en la conferencia en la que fijó las condiciones para la investidura «Tratándose de la política española, todas las precauciones son pocas».
En este contexto, Puigdemont volvió a defender «el cumplimiento por avanzado de los compromisos» contraídos por el PSOE y Sumar como la mejor herramienta para dar garantías a la negociación. Es en este marco en el que adquiere especial importancia la reunión del Consejo de la UE del próximo 19 de septiembre.
En el orden del día, a propuesta del Gobierno español, figura el primero de los compromisos adquiridos con Junts para que el PSOE mantuviera la presidencia del Congreso de los Diputados. Y el líder de Junts se encargó ayer de recordar esa fecha.
Catalán en la investidura de Feijóo
Puigdemont no es el único que aspira a cobrar por adelantado en la investidura de Sánchez. Desde Esquerra apuntan a la regulación del uso de las lenguas cooficiales en el Congreso de los Diputados como uno de los pasos imprescindibles para que sus negociaciones lleguen a buen puerto.
Francina Armengol, se comprometió con la reforma exigida por los republicanos en su primera intervención en el Congreso, tras ser escogida presidenta de la cámara. «Quiero manifestar mi compromiso con el catalán, el euskera, el gallego y la riqueza lingüística que suponen, y quiero anunciarles que esta presidencia permitirá el uso de estas lenguas en el Congreso desde esta sesión constitutiva» afirmó.
Y los republicanos se plantean poner a prueba ese compromiso en la primera ocasión. Es decir, en el debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo, el próximo 26 de septiembre.
«Con la actual legalidad en la mano, la presidenta del Congreso cuenta con instrumentos jurídicos y con mayorías de apoyo suficientes para que el plurilingüismo gane peso ya en los plenos del 26 y 27 de septiembre» aseguraba recientemente Gerardo Pisarello, secretario de la Mesa a propuesta de Sumar. Lo hacía en un artículo en Contexto y Acción en el que apuntaba la voluntad de Armengol de «plantear una propuesta jurídicamente sólida que pueda aplicarse en el próximo pleno» el uso de las lenguas cooficiales.
Los republicanos confían en que esa voluntad, expresada desde los Comunes, se haga realidad. Respecto a los problemas técnicos -para la contratación exprés de los traductores y la tecnología necesario- de la medida, advierten que en todo caso es problema de los socialistas, que presiden la Mesa y se comprometieron a ello para conseguir esa presidencia.
Condiciones antes de la investidura
Más allá del reconocimiento del catalán, en el que tanto ERC como Junts ven la vía más eficaz para demostrar el nuevo poder que les dieron las urnas el 23J, Puigdemont ha fijado otras condiciones previas para la negociación. El ex president dejó claro que «hoy no se dan las condiciones» para llegar al «compromiso histórico» que exige para pactar la investidura de Sánchez.
Entre los primeros requisitos: una ley de amnistía que según apuntan desde su entorno, debería registrase en el Congreso antes de la investidura para hacer efectivo el «abandono de la vía judicial contra el independentismo». Una exigencia que pasa también por retirar la directiva de inteligencia que incluye al movimiento independentista como objetivo, además de ordenar a la Fiscalía y la Abogacía del Estado que frenen las causas contra cualquiera relacionado con el movimiento independentista.
«Ninguna de estas condiciones previas es contraria a la Constitución. Ni siquiera requieren un largo proceso legislativo» señaló. Son «condiciones previas» que se tienen que cumplir «antes de que se agote el plazo legal» para evitar nuevas elecciones. Esos son los movimientos que el negociador de Sumar, Jaume Asens, reclamaba al PSOE este martes tras protagonizar junto a Yolanda Díaz la primera reunión de un miembro del Gobierno con Puigdemont.
