- Crecimiento exponencial de peticiones
- Declaración de reparación para las víctimas
- Expedientes judiciales militares desde 1936
- 1.000 peticiones pendientes
- 50.000 páginas por digitalizar
- Proceso contra Miguel Hernández
- El teniente coronel expulsado
El Ministerio de Defensa toma medidas para desatascar la lista de espera de solicitudes que acumula el Archivo General e Histórico de Defensa, que conserva más de dos millones de expedientes.
El origen de ese atasco hay que buscarlo en la Ley 20/2022, de Memoria Democrática.
Crecimiento exponencial de peticiones
Según ha podido comprobar Confidencial Digital, la Subdirección General de Publicaciones y Patrimonio Cultural del Ministerio de Defensa está buscando una empresa que le preste apoyo para acometer la reproducción digitalizada de documentos conservados en el Archivo General e Histórico de Defensa, y que tienen relación con la “memoria democrática” y las víctimas del franquismo.
Explica esta subdirección que “la publicación de la Ley 20/2022, de Memoria Democrática y la puesta en marcha de un procedimiento de declaración de reconocimiento y reparación personal de víctima (art. 6 de la citada ley) ha aumentado de forma exponencial el número de peticiones de reproducción de documentos que sirven como testimonios documentales para los ciudadanos que solicitar esta declaración”.
Esto “ha generado largas esperas para obtener copias de los expedientes judiciales militares conservados en el Archivo General e Histórico de Defensa, que son los principales documentos probatorios en estos casos”.
Declaración de reparación para las víctimas
Por ese artículo 6 de la Ley de Memoria Democrática “se reconoce el derecho a obtener una Declaración de reparación y reconocimiento personal a quienes durante la Guerra y la Dictadura padecieron las circunstancias a que se refiere el artículo 3.1 y los efectos de las condenas y sanciones a que se refieren los artículos 4 y 5”.
La ley reconoce en el artículo 3 como víctimas a los fallecidos o desaparecidos como consecuencia de la Guerra Civil de 1936 y la dictadura franquista; a quienes “sufrieron privaciones de libertad o detenciones arbitrarias, torturas o malos tratos como consecuencia de la Guerra, la lucha sindical y actividades de oposición a la Dictadura”; a los deportados, torturados y exiliados; a quienes fueron depurados o represaliados profesionalmente por ejercer cargos y empleos o trabajos públicos durante la Segunda República o por su oposición a la dictadura, y otras categorías.
Para obtener la “Declaración de reparación y reconocimiento personal”, los interesados pueden solicitar su expedición al Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, que dirige Félix Bolaños.
“A tal fin, podrán aportar toda la documentación que sobre los hechos o el procedimiento obre en su poder, así como todos aquellos antecedentes que se consideren oportunos”, establece la ley.
Expedientes judiciales militares desde 1936
El Archivo General e Histórico de Defensa recibió su primera transferencia documental en el año 2007 y abrió sus puertas a los ciudadanos en 2009. Tiene su sede en Madrid, en el Acuartelamiento Infante Don Juan, en el Paseo de Moret.
Recibe los fondos documentales producidos en el ámbito de las competencias del Ministerio de Defensa, tanto los generados por sus oficinas como los procedentes de sus organismos autónomos, administración periférica y los Cuerpos Comunes del Ejército que existen actualmente o hayan existido en tiempos pretéritos.
Además, en este gran archivo se custodian el fondo documental del Tribunal Militar Territorial Primero, los de las fábricas de armas del ejército, el del Patronato de Casas Militares o el correspondiente a la Real Orden de San Hermenegildo.
Cerca de 500.000 expedientes son expedientes judiciales militares correspondientes a la zona centro, que coincide aproximadamente con las actuales comunidades autónomas de Castilla-La Mancha, Extremadura, Madrid, Comunidad Valencia y algunas provincias de Castilla y León para el periodo comprendido entre 1936-1987, es decir, toda la Guerra Civil y la dictadura de Franco.
1.000 peticiones pendientes
La Subdirección General de Publicaciones y Patrimonio Cultural del Ministerio de Defensa revela que “hasta 2.000 peticiones de reproducción de documentos se han producido el último año, de las que cerca de 1.000 siguen pendientes”.
Es decir, que dos mil personas han pedido copias de documentos del Archivo General e Histórico de Defensa para tramitar las declaraciones de reparación y reconocimiento personal de víctimas de la dictadura y de la guerra.
“Con los actuales recursos del Archivo General e Histórico de Defensa no es posible responder a este aumento coyuntural de la demanda de reprografía”, admite el ministerio, de ahí que se haya producido esa ‘cola’ de mil peticiones pendientes de reproducción de documentos.
De ahí que se considere “necesaria la contratación de una asistencia técnica para poder atender este servicio extraordinario”.
50.000 páginas por digitalizar
Defensa está buscando una empresa que proporcione tanto material como personal para agilizar la digitalización de documentos que están solicitando personas que fueron represaliadas por la dictadura, o familiares de víctimas.
Calcula que tendrá que digitalizar como mínimo 50.000 páginas de documentos conservados en el Archivo General e Histórico de Defensa, “cuya copia ha sido solicitada para incluirla como elemento probatorio en el procedimiento de declaración de reconocimiento y reparación personal recogido en el artículo 6 de la Ley 20/2022 de Memoria Democrática”.
En el Archivo General e Histórico de Defensa se instalará un escáner modelo i2S CopiBook Open System A2.
La mayoría de documentos a digitalizar tienen tamaño A4. Defensa entregará los documentos en cajas y carpetas ordenadas, y a la vuelta, la empresa adjudicataria entregará dos copias de cada uno de los tres formatos requeridos (TIFF, PDF y JPG), cada una en un disco duro externo USB 3.0.
Proceso contra Miguel Hernández
Hay que tener en cuenta que durante la dictadura numerosos actos de oposición fueron juzgados por tribunales militares. A ellos se añaden las causas judiciales contra los republicanos que fueron represaliados, depurados y encarcelados durante y al acabar la guerra.
Por ejemplo, en el año 2020 el Tribunal Militar Territorial Primero entregó a la Subdirección General de Publicaciones y Patrimonio Cultural del Ministerio de Defensa más de 20.000 cajas con legajos y documentos, que pasaron a guardarse en el Archivo General e Histórico de Defensa.
Entre los miles y miles de documentos, destacaban los papeles originales del proceso judicial que se siguió contra Miguel Hernández. El poeta y dramaturgo de Orihuela participó en la Guerra Civil en el bando republicano. Se afilió al Partido Comunista y ejerció de comisario político de varias unidades, incluido el mítico Quinto Regimiento.
Al acabar la guerra, Miguel Hernández fue encarcelado por la dictadura y en marzo de 1940 el Consejo de Guerra Permanente nº 5 del Tribunal Militar de Prensa de Madrid le condenó a muerte por un delito de “adhesión a la rebelión”. Poco después se le conmutó la pena capital por 30 años de cárcel. El poeta murió de tuberculosis en 1942 en la prisión de Alicante.
En el mismo archivo se custodian expedientes judiciales contra el general Vicente Rojo Lluch, que permaneció fiel al gobierno republicano; contra el dirigente socialista y ex presidente de las Cortes Julián Besteiro; contra soldados y milicianos republicanos (como las conocidas como ‘Trece rosas’); y contra miembros de las guerrillas antifranquistas.
El teniente coronel expulsado
Conforme al artículo 6 de la Ley de Memoria Democrática, el Ministerio de Presidencia ya ha entregado declaraciones de reparación a personas represaliadas por la dictadura de Franco.
Es el caso del teniente coronel retirado del Ejército del Aire José Ignacio Domínguez, que fue uno de los primeros promotores de la Unión Militar Democrática, un grupo de militares que de forma clandestina trataron de organizarse en las fuerzas armadas en los últimos años de la dictadura para apoyar entre los militares la opción democrática.
Varios de los impulsores de la Unión Militar Democrática fueron detenidos por la policía. El entonces capitán Domínguez se exilió en París. En diciembre de 1977, cuando la Unión Militar Democrática ya se había disuelto, fue condenado a siete años de cárcel por un delito de conspiración para la rebelión.
La condena supuso la expulsión de Domínguez del Ejército del Aire. Pero en 1986 el Gobierno de Felipe González aprobó la reincorporación de los militares expulsados por pertenecer a la UMD.
