Gabriel Boric comienza a tragar el aceite de ricino de un fracaso personal. Su intento de que converjan las firmas de todos los partidos políticos de Chile en un «nunca más» al autoritarismo se aleja del horizonte de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado contra Salvador Allende.
«No me voy a cansar de insistir en que esto es bueno para Chile, así que ojalá que todos los partidos tengan la disposición». Boric reconoce que existen «diferentes impresiones, visiones, de lo que ocurrió en el pasado, y eso es legítimo». Y si bien puede haber criterios distintos sobre el proceso de la Unidad Popular y «nadie» está en condiciones «de imponer una visión única», existe, al mismo tiempo «una verdad histórica que ha sido establecida» por los informes de dos comisiones estatales en cuanto a los asesinatos, desapariciones forzosas, prisión política y tortura. «Lo que queremos es pensar en el futuro, en cómo cuidamos la democracia y cómo nos comprometemos al respeto irrestricto de los derechos humanos: que nunca se van a volver a violar en Chile por pensar distinto. A eso estamos invitando a los partidos y en eso vamos a seguir».
Sin embargo, tanto Republicanos, la fuerza de ultraderecha que lidera José Antonio Kast, como la Unión Demócrata Independiente (UDI), Renovación Nacional (RN) y las otras expresiones conservadoras, se mostraban este martes poco dispuestas a aceptar la invitación. Esa reticencia es consecuencia del «ambiente tóxico» que, según la expresidenta Michelle Bachelet, antecede a las actividades relacionadas con el medio siglo de un episodio que partió en dos la historia del país. «Me preocupa, porque siento que hay un retroceso y yo llamaría a los sectores políticos distintos, a que fuéramos capaces, con mirada de Estado, con mirada de largo plazo, entender lo importante que es conmemorar una fecha que nos dividió, pero conmemorarla con la mirada de futuro».
Iniciativas del Gobierno
Los síntomas de «toxicidad» están en el aire. Los representantes en el Congreso de la oposición al Gobierno de izquierdas no asistieron al encuentro con familiares de detenidos desaparecidos. Una clara señal de divergencia con el Palacio de la Moneda. No la única de la derecha. El oficialismo quiere presentar en la legislatura varios proyectos, entre ellos crear la figura jurídica de «personas ausente por desaparición forzada» y, además, levantar parcialmente la moratoria de secreto por 50 años sobre los testimonios que recibió a principios de siglo la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura, conocida como Comisión Valech, por el obispo Segio Valech que la encabezaba. Esas iniciativas deberían converger con el Plan Nacional de Búsqueda de las personas que desaparecieron durante la dictadura militar (1973-90). Pero, además, el Gobierno quiere redoblar su política de memoria y patrimonio.
Polarización política
«El país está peor que al inicio de la transición, porque se ha mantenido la polarización, con gente que no nació en la época del conflicto», estimó José Rodríguez Elizondo, Premio Nacional de Humanidades 2021.
La oposición ha encontrado diversas razones para tomar distancia de la invitación de Boric, entre ellas la ponderación que hizo del comunista Guillermo Teillier durante su velorio y las críticas formuladas al general Hernán Chacón Soto, quien decidió suicidarse días atrás para no ir a prisión por su responsabilidad en el asesinato del cantautor Víctor Jara. Pero lo que más separa a la derecha de la conmemoración es el propio nombre de Allende.
«No estamos dispuestos a participar en hitos que generen más división y que de alguna manera nos pongan al ‘servicio’ de hechos que no tienen una sola mirada», dijo el principal dirigente de la UDI, Javier Macaya, una formación nacida en los ochenta al amparo del general Augusto Pinochet. «No podemos firmar una declaración sobre democracia, Derechos Humanos y el 11/9 con un Gobierno del partido Comunista y con un presidente que ha validado la violencia«, dijo Marcela Cubillos, también de la UDI.
De acuerdo con el portal El Mostrador, Renovación Nacional ya le ha planteado a su timonel, Francisco Chahuán, que no participe del acto del 11 de septiembre y, en caso de asistir, que lo hiciera a título personal. La derecha tradicional tiene un problema que no solo relaciona con las querellas históricas: no quiere expresar signos de «reblandecimiento» frente a Boric que le permitieran «endurecerse» más al ultra Kast, para quien el golpe de Estado de 1973 fue «un día de libertad». Hasta el momento, el líder de extrema derecha -que lidera la reforma de la Constitución– se mantiene en silencio. No solo quiere dejar su sello en el texto fundamental, que deberá validarse en diciembre a través de una consulta popular. Aspíra a gobernar a partir de 2026.
Por estas horas muestra más osadía y amplitud el exjefe del Ejército, Ricardo Martínez (2018-2022). «La responsabilidad de todo lo que ocurrió la tiene el comandante en jefe de la época, el general Augusto Pinochet, y quien tenía la potestad de ordenar lo que hubiese que ordenar».
