Pedro Sánchez puede seguir dando pasos hacia su investidura con la convicción de que no encontrará oposición interna más allá de la crítica, ya dada por descontada, del presidente castellanomanchego, Emiliano García-Page. El PSOE respalda a su líder en las conversaciones que están en marcha con ERC y Junts, y que pivotan alrededor de una ley de amnistía del procés. Los barones le otorgan su «confianza total» y consideran, como esgrime Ferraz, que los contactos han de quedar a resguardo para que no se tuerza la reelección del secretario general como presidente del Gobierno.
Si el acuerdo no descarrila, los socialistas se enfrentan tal vez a su prueba política más dura desde que Sánchez alcanzó la Moncloa en 2018. Tras la concesión de los indultos y de la difícil aprobación de la supresión de la sedición y, sobre todo, de la reforma de la malversación, queda la montaña más escarpada y la que prometieron que nunca recorrerían, la amnistía, el borrón penal al procés, una medida cuya constitucionalidad es discutida para los juristas pero que se ha convertido en la llave maestra de la investidura del presidente en funciones. «Es verdad, es algo más heavy, pero es coherente con lo que hemos hecho en Cataluña. Es el final definitivo del procés. Y si finalmente la hacemos, cabrá en la Constitución», aseveran con rotundidad desde el círculo más íntimo del jefe del Ejecutivo, sin bajar al detalle de las conversaciones y del alcance de esa futura ley de amnistía. «Todo está muy verde aún, como dice [Carles] Puigdemont», agregan, remitiendo también al contenido del último mensaje del expresident en X —antes Twitter—, en el que admitía «diálogo», pero no «negociaciones» formales con el PSOE.
Los barones están a la espera de la letra pequeña de las conversaciones, que pilota el ministro Bolaños, bien visto en el conjunto de la organización
En las federaciones del partido, al menos hasta ahora, no se percibe ansiedad, con la excepción de Castilla-La Mancha —no es un secreto el distanciamiento del presidente Page, pero también él ha preferido dosificar sus críticas y medir sus palabras— y Aragón, cuyo líder, Javier Lambán, está desactivado internamente al perder el Gobierno regional en favor de la coalición de PP y Vox. El apoyo lo comparten tanto los otros dos jefes de Ejecutivos autonómicos, Adrián Barbón (Asturias) y María Chivite (Navarra) como el resto de barones. «Mi confianza en el presidente [Sánchez] es total», subraya una máxima responsable autonómica, en una expresión que calcan otros líderes territoriales consultados. «Confianza absoluta —apuntala otro secretario regional—. Y si había alguna dificultad, ya la está solucionando [Alberto Núñez] Feijóo, que ha blanqueado a ERC y Junts al mostrar disposición a hablar con ellos». «Confianza total», señala otro respetado líder territorial de mucho peso.
No hay fisuras. También porque en el partido prima la sensación de que el equipo de Sánchez cerrará «bien» todos los aspectos más delicados de esa futura ley de amnistía, de tal manera que el impacto en la opinión pública sea manejable. Podría caber, incluso, señalan algunos de los consultados, alguna contraprestación por parte de los separatistas a cambio de ese perdón total, como una mayor penalización si hay una nueva intentona secesionista. «Habrá que ver la letra pequeña cuando esté lista. Pero Félix [Bolaños] no tiene un pelo de tonto, y mejor que él no lo hay en los detalles», manifiesta otro barón. «Confío en que lo harán bien, hay gente buena ahí», indica una responsable de Organización. Uno de los puntos que serían de peor digestión para el partido es que el alivio penal alcanzara a Laura Borràs, presidenta de Junts, condenada a cuatro años y medio de cárcel y 13 de inhabilitación por trocear contratos cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), una causa sin nexos con el procés aunque ella ha venido sosteniendo que es víctima de una «persecución política».
«Planteamiento político para un problema político»
¿Pero por qué el PSOE ha asumido con más facilidad la amnistía que la reforma de la malversación? Son varias las razones. Como explica un expresidente autonómico, esta última era más problemática porque cabía el riesgo de que se rebajaran las penas a los implicados en casos de corrupción, algo que finalmente no ocurrió por la interpretación que de la modificación legislativa hicieron los tribunales. «En cambio, este es un paso importante que tiene riesgos, sí, pero es la manera de solucionar el conflicto. Habrá un toque a rebato de la derecha, pero también parecía que se iba a acabar el mundo con los indultos y luego no pasó nada. Ahora se puede dar un paso hacia la reconciliación final. El partido responderá bien si se explica bien. Esto suena mejor que la malversación porque es un planteamiento claramente político para un problema político», agrega este mismo exjefe de un Ejecutivo regional.
Este es un paso importante que tiene riesgos, sí, pero es la manera de solucionar el conflicto. Habrá un toque a rebato de la derecha, pero también parecía que se iba a acabar el mundo con los indultos. Ahora se puede dar un paso hacia la reconciliación final», señala un barón
También se suma que el partido está convencido de que el posible coste está ya descontado tras las elecciones del 23-J. «Información no tengo, pero creo que esto ya está muy amortizado. Ya se votó. Todo lo que se haga en esa línea no afectará más de lo que ya afectó. El que estaba indignado porque aprobamos los indultos y porque cree que rompemos España está ya indignado. Da igual que se indigne dos veces, que solo votará una. No me genera problema. No va a generar más lío del que se ha dado, que no digo que será poco, pero ya se votó», insiste otro barón que meses atrás no tuvo reparos en reconocer sus objeciones a la reforma de la malversación. «No nos preocupa —indica un máximo mando orgánico en una federación—, creo que la gente no diferencia entre indultos y amnistía. Es más, hay gente que cree que ya está hecho, que se hizo con los indultos. Creo que está más amortizado«.
Pero el principal argumento que se esgrime es que el 23-J los ciudadanos ya se pronunciaron sobre la política desplegada por el Gobierno en Cataluña, porque el PP centró su mensaje en la «derogación del sanchismo» y en él incluía sus alianzas parlamentarias. Es decir, según alegan en Ferraz y la Moncloa y en las federaciones, las urnas respaldaron la estrategia de diálogo y distensión de Sánchez con el independentismo con la que ahora, vía amnistía, se quiere ser «coherente». «Si hay algo que han demostrado las elecciones del 23-J es que el modelo territorial y de diálogo de Pedro funciona», apunta una responsable de Organización regional. Redondea otra jefa del aparato de otra federación: «Socialmente las urnas han avalado todo este planteamiento. Curiosamente, el PP, con su exceso de frenada, ha conseguido que nuestro electorado no penalice esas cuestiones».
Explica esta misma idea un barón: «En términos generales, y no me gusta nada, la polarización está haciendo que a los propios les valga todo contra el adversario. A la derecha siempre le había pasado. Pueden robar, pueden pactar con [Jordi] Pujol, pueden hablar catalán en la intimidad, pueden ceder el IRPF… A nuestro electorado, no. Pero ahora la ultraderechización, las barbaridades de Vox, el machismo… hacen que para que no gobiernen ellos… valga casi todo. La amnistía no me gusta. Pero me gusta menos la amnistía a genocidas franquistas, y se hizo [con la ley de 1977]. Estos delitos del procés, simplificando, son bastante menos graves».
El equipo que lleva el tema debe manejar los tiempos con pies de plomo. Toca esperar», asevera un máximo responsable territorial
En todo caso, en los territorios se aplican la misma consigna de «prudencia» y «discreción» que ha impuesto Ferraz. Ninguno de los barones consultados asegura tener datos de primera mano, y de hecho creen que debe ser así. «La información está totalmente centralizada y blindada, y está bien —apunta un jefe de una federación de mucho peso en el PSOE—. Nosotros podemos influir en los entornos, pero poco más». «El debate de investidura de Feijóo hace que el foco no pueda ponerse en nuestras conversaciones. El equipo que lleva el tema debe manejar los tiempos con pies de plomo. Toca esperar«, agrega otro compañero. «Las negociaciones deben seguir siendo muy secretas —apuntala una expresidenta autonómica—. Así que escudo, gafas de protección para mirar solo hacia adelante y a gobernar se ha dicho».
Todos, en definitiva, saben que es mucho lo que está en juego y que deben dejar maniobrar a Sánchez y su equipo. «Con un marco claro, la Constitución«, precisa una máxima responsable autonómica. Porque igual que en el partido se confía en que Ferraz y la Moncloa hallarán la fórmula para que la amnistía tenga cabida en la Carta Magna, también está muy asentada la convicción de que el referéndum de autodeterminación, la segunda petición del independentismo, «no es posible».
En el Ejecutivo y en el equipo de Sánchez son perfectamente conscientes de ello: la consulta soberanista es línea rojísima. Es inasumible. Sánchez siempre ha defendido que solo tiene sentido un referéndum sobre un acuerdo, no para separar a una parte del país de España, y es lo que quedó por escrito en el pacto que firmó con ERC en enero de 2020. Pero ahora Oriol Junqueras, líder de los republicanos, insistía en una entrevista publicada este domingo por La Vanguardia que la amnistía no es «suficiente», que hay que plantear la autodeterminación. En la Moncloa contestaban que Junqueras no pone la consulta como condición para la investidura, pese a ser preguntado dos veces por ello.
Autoridad reforzada
Del consenso general se separan Page y Lambán, los dos barones más críticos con el presidente. El dirigente castellanomanchego tiene previsto hacer nuevas declaraciones este lunes, pero ha dejado claro que no le gusta que la legislatura esté pilotada con «mando a distancia» desde Waterloo por Puigdemont. Pero con la misma vehemencia ha negado toda posibilidad de transfuguismo de sus diputados. Es más, en las últimas semanas ha medido sus intervenciones, como también reconocen en su entorno. Sobre la amnistía, su número dos, Sergio Gutiérrez, parlamentario en el Congreso, ya afirmó en El Independiente que se queda con lo dicho por el expresidente extremeño Guillermo Fernández Vara: «Lo primero que se debería tener claro es si una amnistía cabe en la Constitución o no, porque si no cabe, como dice Vara, estoy seguro de que no estará encima de la mesa». En el entorno del expresidente Lambán reconocen que «preocupan» las negociaciones con Junts y ERC, aunque constatan no obstante que «Sánchez lo tiene muy claro» y no se detendrá.
Page y Lambán sí siguen distanciados de la cúpula federal. El presidente castellanomanchego tiene previsto intervenir este lunes y en el entorno del expresidente aragonés no ocultan su «preocupación» por los contactos de Sánchez
En el PSOE se asume que Page expresará su disconformidad, que «tiene un discurso allí, en Castilla-La Mancha, acotado y no exportable», pero que el partido está «muy cohesionado» en torno a Sánchez, como resume un alto cargo territorial. La autoridad del secretario general y presidente del Gobierno en funciones se ha visto reforzada tras el 23-J: no solo no se estrelló, como se esperaba, sino que venció los pronósticos de todas las encuestas y ganó un millón de votos respecto a 2019 y un escaño, hasta los 121 —el número 122 lo perdió con el recuento del voto exterior, aunque llevó ese escrutinio al Tribunal Constitucional la semana pasada—, por lo que el ruido interno que podía haberse desatado se frenó en seco. Y tampoco, lógicamente, está abierta la carrera sucesoria.
Sánchez ya trasladó a su ejecutiva el miércoles pasado que las negociaciones para su investidura marchan bien, y que en consecuencia el escenario de la repetición electoral se aleja. Esa sensación también está instalada en los territorios: se percibe el «optimismo«, aunque también la prudencia, porque Puigdemont puede hacer que la reelección del líder socialista naufrague en el último minuto. El primer paso, recuerda una baronesa, es escuchar su comparecencia del próximo martes en Bruselas, en la que dibujará los marcos de negociación, una propuesta que probablemente será de máximos.
El presidente, en su mitin de arranque del curso político, este último sábado en Málaga (y ante 1.500 personas, según la organización), no dio pistas sobre el contenido de las conversaciones, aunque sí dio por hecho que logrará continuar en la Moncloa: la España que viene va a ser la «de la convivencia, del diálogo entre territorios», así como la «España de la ciencia, de la educación, de la cultura, del respeto y del talante». Prometió cuatro años de legislatura para «seguir avanzando» en derechos y libertades. Esto es, nada de un mandato corto o de solo dos años, como le planteó Feijóo en su reunión del pasado miércoles en el Congreso. Las urnas demostraron a la derecha, siguió, que «la España progresista existe» y que «exige respeto, quiere ser escuchada y merece estar representada».
El aviso de Andalucía sobre el ‘plan Urkullu’
Sánchez recibió el respaldo expreso a sus negociaciones de la federación andaluza, la más potente del partido aunque aún muy tocada por la enorme pérdida de poder institucional. «El PSOE de Andalucía va a estar con el presidente apoyando el diálogo, la convivencia y los acuerdos que sean la marca de identidad del partido y eso no es solo cuestión de lealtad, de organización, es lo que necesita el país», señaló Juan Espadas, líder regional del PSOE. Y frente a la presión que vaya a ejercer el PP, los socialistas, dijo, han de mantener «la cabeza fría y el sentido común» y trabajar por un acuerdo. Porque el PSOE sabe «perfectamente desde el minuto uno» que su capacidad de diálogo y acuerdo «tiene un límite y se llama la Constitución»: «Lo tenemos clarísimo, que nadie tenga la menor duda que el PSOE va a rebasar esa línea en ningún caso», remachó.
Espadas recuerda que el PSOE-A trabaja «desde la igualdad». «No podemos ser unos más que otros ni tampoco menos», advierte
Espadas también evidenció el malestar y el rechazo de los socialistas hacia el plan planteado por el lehendakari, Iñigo Urkullu, que el Gobierno simplemente calificó de «legítimo», advirtiendo de que no es el suyo. El jefe del Ejecutivo vasco proponía en El País que Euskadi, Cataluña y Galicia puedan obtener mayor autogobierno y se avance hacia el reconocimiento de la «plurinacionalidad» del Estado. Espadas recordó que el PSOE andaluz trabaja «desde la igualdad, el trabajo y las competencias de todos los territorios». «No podemos ser unos más que otros ni tampoco menos», avisó. Un discurso coherente con el mantenido por el partido en una comunidad histórica y muy sensible a las reclamaciones de los nacionalistas.
El PSOE avanza hacia la investidura de Sánchez «con ganas de cerrar el acuerdo» y «consciente» de lo que hay, glosa una máxima dirigente autonómica. Consciente de que la reelección de su líder supondrá, probablemente, asumir la factura de la amnistía para pasar página definitivamente al procés.
