Medio millar de vecinos de las pedanías lorquinas de La Paca, Zarcilla de Ramos, Coy, Zarzadilla de Totana, Doña Inés y Avilés, han decidido organizarse para reclamar al Ayuntamiento la reversión de sus terrenos a la situación urbanística anterior al Plan General de 2003. Con la aprobación definitiva de este instrumento jurídico de planificación del territorio, sus parcelas, en suelo rústico, fueron reclasificadas como suelo urbano no consolidado –que no dispone de servicios urbanos– o como suelo urbanizable, para cuyo desarrollo resultaba necesaria la aprobación de los correspondientes planes parciales.
En ambos casos, los propietarios se vieron obligados a asumir costosos procesos de gestión urbanística y contrajeron el deber de asumir las obras de urbanización necesarias para que sus terrenos alcanzasen la condición de solares y se pudiera edificar en ellos.
En plena fiebre del ladrillo, y animados por un ayuntamiento que preveía impulsar, mediante el nuevo Plan General, la construcción de 35.000 viviendas en un municipio que entonces contaba con 90.000 habitantes, algunos de estos propietarios vieron una oportunidad para enriquecerse con la revalorización de sus terrenos. Pero otros muchos, la gran mayoría, se encontraron sin pretenderlo integrados en unidades de actuación y en sectores de suelo urbanizable. Tras el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008, unos y otros están, dos décadas después, atrapados en un limbo urbanístico que les está generando cuantiosas pérdidas económicas.
Salvador García es uno de los afectados. Su parcela de 7.346 metros cuadrados, hoy plantada de almendros, está valorada catastralmente en 302.386 euros. “La realidad es que no vale nada, porque nadie está dispuesto a comprarla sabiendo las cargas que tendría que soportar para poder llegar a construir en ella”, ha contado a La Opinión. Costes que superan actualmente los 1.400 euros anuales en concepto de Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) –ha llegado a pagar cerca de 2.000 por este tributo– y más de un millón de euros que tendría que sufragar por las obras de urbanización. Por ello, a la desesperada, lleva años intentando regalar su propiedad al Ayuntamiento de Lorca. Aún no ha obtenido respuesta.
La situación es similar para Encarna Sánchez: “He intentado vender mi parcela a mis vecinos, porque en estos años ya me ha generado gastos por valor de 24.000 euros por el IBI, pero no la quieren ni regalada”, ha explicado. “Me preocupa la terrible carga que le voy a dejar a mis hijos el día de mañana, cuando yo esto no lo he buscado”, ha proseguido. Y es que, de ser transmitida en herencia, su parcela, que está calificada como suelo urbano, también impondría a sus sucesores la obligación de pagar el controvertido Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, conocido popularmente como plusvalía. “Yo no pedí la reclasificación urbanística, jamás tuve intención de especular o de hacer negocio con ese trozo de tierra, y no entiendo por qué esto nos está causando este terrible perjuicio económico”, ha añadido.
Otro de los afectados, Ginés Corbalán, ha apuntado la diferencia de precio “abismal” que existe entre la tasación catastral que figura en el recibo del IBI y el valor real de venta. Pero, sobre todo, ha puesto el acento en cómo esta situación está derivando en ruina económica para muchos de los afectados: “Hay familias en el pueblo que subsisten gracias a la ayuda familiar o que son pensionistas humildes y que tienen fincas heredadas de sus padres de poco más de mil metros cuadrados, valoradas en 140.000 euros cuando no son más que bancales, por las que tienen que pagar más de mil euros de contribución”, se ha lamentado. “Cuando uno tiene que vender sus bienes para hacer frente al pago de impuestos se está generando un efecto confiscatorio que está prohibido por la Constitución, pero nadie está dando soluciones hasta el momento”, ha recalcado.
Por ello, los quinientos afectados por esta situación quieren impulsar la creación de una plataforma y solicitar al nuevo equipo de Gobierno municipal la modificación del Plan General para que sus terrenos vuelvan a ser considerados rústicos. Saben que hay precedentes que les avalan en esta pretensión, sólo que hasta ahora sólo han beneficiado a grandes tenedores de tierras, como a los propietarios de la ‘Venta Osete’, y no a pequeños propietarios. En 2016, el Pleno del Ayuntamiento aprobó la reclasificación de esta finca como “Suelo No Urbanizable Inadecuado”, tras haber sido consideradaen 2003 como “Suelo Urbano de Núcleo Rural”. “Hay mecanismos administrativos que permiten esta reversión, y queremos que el Pleno los aplique”, han reclamado. “Tenemos confianza en que el nuevo alcalde, Fulgencio Gil (PP), sea sensible a la necesidad de corregir los efectos perniciosos que el Plan General está causando a familias trabajadoras”, han añadido.
En noviembre de 2020 la Universidad Politécnica de Cartagena entregó al Ayuntamiento de Lorca el estudio de análisis y diagnóstico de su Plan General, diseñado en un marco de bonanza y expansión urbanística “que ahora no existe”, dijeron entonces sus redactores. Casi tres años después, sus recomendaciones para adecuarlo a una filosofía de crecimiento sostenible, ordenado y adecuado al desarrollo socioeconómico del municipio, no han comenzado a aplicarse.
