El tiempo pasa y deja huellas que se aprecian con perspectiva. Esa constatación no parece, sin embargo, cumplirse en lo que respecta al intento de asesinato de la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner. El 1 de septiembre de 2022, el cañón de una pistola le apuntó contra su cabeza a escasos centímetros. Un problema mecánico desbarató el magnicidio. La bala quedó en la recámara, pero, a partir de ese momento, Argentina pasó a ser un país distinto: la muerte había vuelto a instalarse como medio para dirimir los conflictos políticos. El consenso que permitió a los argentinos transitar a la democracia desde 1984, acuñado en la consigna «nunca más», quedó en entredicho. Los enconos entre el peronismo y sus adversarios de derecha y ultraderecha fueron más fuertes que un repudio común al retorno de la violencia armada.
La causa judicial se encuentra en un curioso limbo y esa es la razón porque los kirchneristas decidieron salir este viernes otra vez a la calle con un llamamiento contra los límites del presente. Los seguidores de la vicepresidenta piden que los tribunales investiguen quiénes han sido los autores intelectuales del fallido atentado.
Fernando Sabag Montiel, un argentino-brasileño de 35 años, trató de disparar cuando la vicepresidenta saludaba a sus seguidores en la puerta de su casa. Él y su novia Brenda Uliarte, quien se hacía fotografiar exhibiendo un arma, se encuentran detenidos. El otro arrestado es Nicolás Carrizo, quien empleaba a la pareja como supuestos vendedores ambulantes. En Argentina se llama «perejiles» a los eslabones menores de una operación política o un robo. Fernández de Kirchner está convencida que esa es la condición del trío que se encuentra entre rejas y una de las razones por las cuales la jueza María Eugenia Capuchetti no fue más allá de ellos.
La mujer que gobernó el país entre 2007 y 2015, tan venerada como objeto de escarnio, recientemente tomó conciencia de que estuvo a punto de ser asesinada cuando estaba cómodamente sentada en su apartamento. Las imágenes que devolvía la pantalla televisiva y que replicaban los teléfonos celulares de buena parte de los argentinos le informaron hasta qué punto había peligrado su vida. Si se salvó, ha repetido, fue por un factor providencial: «Dios y la Virgen«.
Un escenario de fuertes disputas
Para la vicepresidenta no solo hay una responsabilidad intelectual encubierta del atentado que, dijo, llevaría a hombres de negocios cercanos al magnate Mauricio Macri, su principal rival político y gobernante entre 2015 y 2019. La bala que no llegó a incrustarse en su sien es la otra cara de una moneda que tiene a los tribunales como arma predilecta. Casi al mismo tiempo del atentado, Fernández de Kirchner había sido acusada por el fiscal Diego Luciani de ser la jefa de «la mayor maniobra de corrupción que se haya conocido en el país». Luciani investiga las presuntas corruptelas en las concesiones de obra pública en en la provincia patagónica de Santa Cruz, de la cual es oriunda el kirchnerismo. Poco después de la fallida tentativa de Sabag-Montiel, ella fue condenada a seis años de cárcel y consideró ese dictamen celebrado por la oposición como carente de pruebas y poco más que un «fusilamiento mediático judicial«.
Una presunta red
Desde ese momento, los abogados de Fernández de Kirchner aportaron a la jueza Capuchetti indicios de que el atentado había involucrado a una red más sofisticada que la del terceto de vendedores ambulantes que ha sido acusado de «homicidio doblemente calificado por alevosía«. Solicitaron al tribunal que trate de determinar quiénes fueron los financiadores del grupo conocido como «los copitos«, así como una lista de personas que incluye a una vecina y el diputado Gerardo Milman, quien era hasta ese momento colaborador de primer orden de Patricia Bullrich, la candidata presidencial de la derecha en los comicios del 22 de octubre.
La Nación informó de que la Cámara Federal ha ordenado avanzar sobre sus teléfonos y extraer solo lo que pudiera vincularse con la investigación, lo que ha sido convalidado por el Congreso. El diputado entregó un celular. «El peritaje, sin embargo, quedó supeditado a un recurso que presentó Milman». La fiscalía busca ahora verificar si el legislador se movía por entonces con otras líneas telefónicas.
‘Muerta o presa, la trama violenta del atentado‘ se llama el libro que la periodista Irina Hausser acaba de publicar sobre el sustrato ideológico de la novia del hombre que intentó disparar contra la vicepresidenta: el ultraderechista Javier Milei, quien, de acuerdo con los sondeos, es el favorito de cara a los comicios venideros, que incluso podría ganar en primera vuelta. «Sabag Montiel cuenta al resto que no le gustan las ideas libertarias de ella, quien adula al líder de ese espacio. Se trata de un dirigente de apariencia antisistema, que dice que quiere terminar con la casta política y pone el eje de su discurso en privatizar las empresas públicas, la educación, eliminar el Banco Central, dolarizar, eliminar la Educación Sexual Integral (ESI), promover la libre portación de armas, mano dura para todo, eliminar el sistema jubilatorio estatal, entre tantas cosas».
En este contexto, Sabag Montiel espera en soledad el juicio. «Nadie lo visita. Nadie pide por él. Nadie quiere conversar con él. Ningún otro preso. Ningún familiar. Ni siquiera quien fuera su novia», señaló La Nación.
