La Junta de Andalucía no ha logrado sacar adelante su plan de colaboración público-privada para construir 1.039 viviendas destinadas a alquiler asequible. A través de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), dependiente de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, la administración autonómica licitó 13 lotes para construir 13 promociones de pisos en alquiler bajo la fórmula de derecho de superficie, pero ninguna empresa se ha mostrado dispuesta a hacerlo.
Las parcelas del contrato se ubican en Cádiz (6), Huelva (4), Granada (2) y Málaga. La intención de la AVRA es ceder estos suelos a promotores y fondos de inversión, que se encargarían de construir los pisos para su posterior arrendamiento y gestión durante los próximos 75 años. Tras no recibir ninguna puja, según comentan fuentes del mercado inmobiliario, la AVRA dispone de un año para adjudicarlo de forma directa si surgiese algún interesado.
Estas mismas fuentes apuntan que el principal motivo por el que la Junta no ha conseguido sacar adelante el proyecto ha sido que los números de la operación son muy ajustados, más en el entorno actual de tipos de interés y a pesar de contar con una subvención de los Fondos Next Generatión. Además, indican que se trataba de lotes muy pequeños y en ubicaciones muy secundarias, lo que ha disipado el interés de los potenciales inversores.
Desde la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía explican que están estudiando nuevas operaciones y, «entre las opciones, está ofrecer estas partidas (fondos Next Generation) a los ayuntamientos y empresas municipales de vivienda para que construyan nuevas promociones en sus suelos», según señalan. Además, defienden que, desde 2019, han levantado 3.000 viviendas a precio asequible en tres convocatorias de la mano de promotores.
Lo ocurrido en Andalucía guarda ciertas similitudes con el proyecto de similares características de la Comunidad Valenciana. El Ejecutivo de esa región sacó al mercado la construcción de 17 parcelas municipales, que sumaban 1.090 viviendas, pero no obtuvo pujas en una primera licitación. Posteriormente, en la segunda, y tras una modificación en los pliegos, logró que uno de los fondos de Urbania y la gestora Visoren pujasen por el contrato.
Necesidad de financiación
Operaciones como la que propone la Junta de Andalucía hubiesen tenido más fácil salir adelante antes de que el Banco Central Europeo (BCE) subiese los tipos de interés. El regulador de la política monetaria inició en marzo del pasado año un endurecimiento del acceso al crédito, que encarece la financiación, también en operaciones de este tipo. Por ejemplo, la primera fase del Plan Vive (anterior a la subida de tasas de interés), el programa de colaboración púbico-privada de la Comunidad de Madrid, contó con el apoyo de CaixaBank, que formalizó un crédito de 400 millones a los adjudicatarios a tipos muy bajos.
Para contrarrestar esta situación, derivada de la coyuntura macroeconómica actual, el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que el Instituto de Crédito Oficial (ICO) contará con 4.000 millones de euros para financiar este tipo de proyectos a «condiciones bastante favorables y a largo plazo», con cargo a los fondos europeos. Sin embargo, hasta el momento, no se conocen avances en esta medida, una de las más demandas por parte del sector.
Precisamente, dentro de las partidas de los fondos Next Generation hay una específica para la construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes, una subvención de 50.000 euros por inmueble. Estas ayudas han sido incluidas en la licitación de la Junta, en la del Ayuntamiento de Málaga o en la Comunidad Valencia, mientras otras, como la Comunidad de Madrid, que no las han implantado hasta ahora, lo harán en las próximas licitaciones.
Málaga levantará 530 viviendas
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El Ayuntamiento de Málaga, en las últimas semanas, ha logrado sacar adelante su proyecto de colaboración público-privada. Este Consistorio licitó la construcción sobre suelos de su propiedad de 530 inmuebles. Al proceso concurrieron dos empresas: Culmia, controlada por el fondo norteamericano Oaktree, y Lagoom Living, una gestora de Inversión Inmobiliaria especializada en residencial a precios asequibles, que resultó adjudicataria.
Lagoom estará a cargo de la construcción y posterior gestión, que se extenderá durante los próximos 75 años. La compañía invertirá alrededor de 58 millones de euros y recibirá una subvención procedente de los fondos Next Generation de 26,5 millones. Una vez estén finalizados los inmuebles, obligatoriamente antes de que termine 2026, se alquilarán entre 500 y 600 euros al mes un piso de tres habitaciones.
