Un hombre de 20 años se ha convertido en el primer ugandés acusado de «homosexualidad con agravantes», según la Fiscalía del país africano y la defensa del joven. En Uganda, este delito está castigado con la pena de muerte en virtud de una ley anti-LGTBI promulgada en mayo pese a los intentos de disuadir de Gobiernos occidentales y organizaciones de derechos humanos.
Esta ley contra la «promoción de la homosexualidad» establece la cadena perpetua para las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo. La pena de muerte puede aplicarse en casos considerados «agravados», entre los que se incluyen la reincidencia, las relaciones homosexuales que transmitan una enfermedad terminal o las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo con un menor, un anciano o una persona discapacitada.
Según un escrito de acusación visto por Reuters, el joven fue acusado el 18 de agosto de homosexualidad agravada tras «mantener relaciones sexuales ilícitas» con un hombre de 41 años. No se especificaba por qué el acto se consideraba agravado.
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«Dado que se trata de un delito punible con la pena capital que puede juzgar el Tribunal Superior, se le leyeron y explicaron los cargos en el Tribunal de Magistrados el día 18 y se le impuso prisión preventiva«, ha declarado a la agencia británica Jacqueline Okui, portavoz de la oficina del director de la Fiscalía. Okui no ha dado más detalles sobre el caso. Dijo que no tenía conocimiento de que nadie más hubiera sido acusado anteriormente de homosexualidad con agravantes.
Justine Balya, abogada del acusado, ha manifestado que toda la ley es inconstitucional. La norma ha sido impugnada ante los tribunales, pero los jueces aún no se han hecho cargo del caso. Balya ha explicado que otras cuatro personas han sido acusadas en virtud de la ley desde su promulgación y que su cliente era el primero en ser procesado por homosexualidad con agravantes. No quiso hacer comentarios sobre los detalles de su caso.
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Uganda no ha ejecutado a nadie en unas dos décadas, pero la pena capital no ha sido abolida y el presidente Yoweri Museveni amenazó en 2018 con reanudar las ejecuciones para frenar una ola de delincuencia.
La promulgación de la ley hace tres meses suscitó una condena generalizada y amenazas de sanciones. A principios de este mes, el Banco Mundial suspendió la concesión de nueva financiación pública a Uganda en respuesta a la ley. Estados Unidos también ha impuesto restricciones de visado a algunos funcionarios ugandeses, y el presidente Joe Biden ordenó revisar la ayuda estadounidense a Uganda.
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