Las pretensiones del Gobierno de España de hacer oficiales en la Unión Europea (UE) el catalán, el gallego y el euskera pueden acabar en nada. La Representación Permanente de Eslovaquia ante la UE ha trasladado a EL ESPAÑOL su postura oficial al respecto y, además de rechazar las intenciones del Ejecutivo de Pedro Sánchez, en ella se demuestra que España tendría que modificar la Constitución antes de abordar la cuestión en Europa.
Con la negativa de Eslovaquia se rompería la unanimidad necesaria para que las tres lenguas se conviertan en oficiales en la UE. Para justificarla, las autoridades de Bratislava apuntan a cuatro argumentos diferenciados.
El primero es que entienden que cada Estado miembro puede contar con una o dos lenguas oficiales en el seno de la UE. España, en cambio, pretende que sean cuatro. Aunque reconocen que España está en su derecho para solicitarlo, consideran la cifra excesiva.
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Según las fuentes oficiales, la «praxis de las instituciones de la Unión Europea» y el Reglamento 1 de 1958 adoptado por el Consejo, en el que se establece el régimen lingüístico de las instituciones europeas, «permiten deducir un principio general que, en cuanto a lenguas oficiales de la Unión Europea, cada estado miembro debería estar representado únicamente por una o dos lenguas».
En el segundo argumento esbozado en su respuesta oficial remitida en exclusiva a este diario, la Representación Permanente de Eslovaquia ante la UE recuerda que, según las normas del Consejo de Europa y de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, las «cuestiones de posición y uso de lenguas minoritarias o regionales deben ser resueltas por los propios estados en atención a su propio orden constitucional y a las leyes internacionales«.
El orden constitucional es clave. La Constitución Española consagra en su artículo 3 que el castellano es el idioma oficial en todo el Estado. También dicta, en el 3.2, que «las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos». Esto implica que el catalán, gallego y euskera son cooficiales en sus territorios, pero no en el resto del Estado.
Las autoridades de Bratislava también recuerdan que las lenguas que España desea promover en la UE deberían ser «lenguas oficiales en todo el territorio del estado miembro y ser las lenguas que utilizan las instituciones centrales en su día a día».
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Con ese pretexto apuntan el tercer argumento: «Por lo tanto, si el Gobierno de España quiere convertir los tres idiomas mencionados en oficiales de la Unión Europea, el primer paso recomendado es que los convierta en idiomas oficiales en todo el territorio del Reino de España, al mismo nivel que el español/castellano».
Para hacerlo habría que modificar la Constitución, y no de cualquier forma. Al encontrarse el artículo 3 en el Título Preliminar, la reforma tendría que llevarse a cavo por la vía agravada regida por el artículo 168: «Se procederá a la aprobación del principio por mayoría de dos tercios de cada Cámara, y a la disolución inmediata de las Cortes. Las Cámaras elegidas deberán ratificar la decisión y proceder al estudio del nuevo texto constitucional, que deberá ser aprobado por mayoría de dos tercios de ambas Cámaras. Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación».
El cuarto argumento defendido por Eslovaquia implica que, antes de intentar oficializar las lenguas periféricas en la UE, España debería solucionar los pasos previos. «Creemos que solo un cambio tan significativo [como el constitucional] autorizará, en el futuro, al Gobierno de España a pedir a la Unión Europea y al resto de estados miembros que se reconozcan el catalán, el gallego y el euskera como oficiales para la UE», apuntalan.
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