Francia es uno de los países europeos en que los idiomas minoritarios cuentan con un menor reconocimiento y promoción institucional. Los lingüistas calculan que en el país vecino hay hasta 75 de las llamadas lenguas regionales —muchas de ellas están vinculadas a los territorios de ultramar, herencia del pasado colonial—. Aquellas seis con más hablantes en la Francia metropolitana son el alsaciano (unos 600.000), el occitano (540.000), el bretón (140.000), el catalán (125.000) y el vasco (51.000).
Pese a esta diversidad lingüística, la tradición centralista hizo que su uso se viera marginado por el Estado. Y ahora Francia podría ser un escollo a la petición de España de que la Unión Europea reconozca la oficialidad de catalán, vasco y gallego.
En el caso francés, ninguna lengua minoritaria es reconocida como oficial. Tanto los partidos de derechas como los de izquierdas consideran un tótem el artículo 2 de la Constitución gala: ‘La lengua de la República es el francés’. A pesar de este centralismo, la legislación ha evolucionado en las últimas décadas. Hay cierta tolerancia en el aprendizaje de estas lenguas en escuelas públicas y privadas, así como en su uso en los nombres en el registro civil. Aunque la media de edad de sus hablantes suele superar los 70 años, en algunos territorios, como Bretaña o Córcega, ha habido un cierto despertar regionalista en los últimos años y han ganado en prestigio social.
París guarda silencio
En 1994, la ley educativa Toubon reconoció su uso en la educación. Francia firmó en 1999 la Carta europea de las lenguas regionales del Consejo de Europa, aunque luego se negó a ratificarla. Una década más tarde, una reforma constitucional de 2008 reconocía que estos idiomas minoritarios «pertenecen al patrimonio de Francia».
Más recientemente, la Asamblea Nacional aprobó en 2021 la Ley Molac, a pesar de que el Gobierno de Emmanuel Macron se opuso a ella. Esa norma pretendía promocionar la presencia de escuelas bilingües (en francés y el idioma local) y que se enseñara la respectiva lengua regional en los distintos territorios. Tras un recurso presentado por el Ejecutivo, el Consejo Constitucional —equivalente del Tribunal Constitucional— censuró la parte de la ley dedicada a la inmersión lingüística. Para compensar esa decisión, contra la que se manifestaron miles de personas en Bretaña, el País Vasco francés o la Catalunya norte, el Gobierno publicó a finales de ese año una circular en que aseguraba que toleraría la existencia de centros públicos en que el idioma regional fuera vehicular.
La petición de España al Consejo Europeo pidiendo la oficialidad de catalán, vasco y gallego no ha tenido una gran repercusión mediática en el país vecino. De momento, su Gobierno no se ha pronunciado sobre ello. Contactadas por El Periódico de Catalunya, del grupo Prens Ibérica, fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores y de la representación permanente francesa en Bruselas prefirieron no posicionarse. No obstante, resulta evidente que su reconocimiento oficial en la UE incomodaría a la Administración gala. Y evidenciaría el escaso reconocimiento que disponen estos idiomas en el país vecino.
