Al Gobierno valenciano de PP y Vox se le complica cada vez más la elaboración de sus primeros presupuestos. A la ya de por sí delicada tarea de definir el destino de los miles de millones que gestiona la Generalitat (casi 30.000 en el último ejercicio) y la alarmante situación de las arcas públicas valencianas (casi 4.000 millones de déficit en 2022 y una deuda de 55.000 millones), se suma el incierto escenario de la política nacional. La situación de interinidad del Ejecutivo central y la compleja gobernabilidad del Congreso dejan en el aire muchas cifras vitales para unas cuentas autonómicas, que dependerán del próximo Gobierno. La decisión anunciada este miércoles por Francina Armengol de posponer el debate de investidura de Feijóo a finales de septiembre dilata más los tiempos y añade interrogantes al proceso.
El principal motivo de incertidumbre para la Consejería de Hacienda que dirige Ruth Merino es que todavía no se conocen las entregas a cuenta que llegarán del Sistema de Financiación Autonómica (SFA). Se trata de una información fundamental para el diseño presupuestario que el ministerio suele concretar durante el mes de julio en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), un ente que ahora no puede convocar al estar en funciones por el adelanto electoral del 23J. En 2022, la Comunidad Valenciana percibió más de 10.200 millones por este concepto. Hasta mayo de 2023, las transferencias superan los 4.800 millones, un 13,5 % más que el año pasado a esas alturas.
Las entregas a cuenta son una estimación que realiza anualmente el Ejecutivo sobre la recaudación tributaria de cada territorio para el ejercicio siguiente y que, pasados dos años, se corrige ya con los datos definitivos. Es lo que se conoce como «liquidación»: si el ingreso anticipado excede lo calculado, la autonomía debe devolver la diferencia y si es al revés, es el Estado el que compensa ese déficit. La correspondiente a 2021 se publicó hace pocos días y sumó casi 1.900 millones a las cuentas de la Generalitat.
Desde la Consejería de Hacienda, donde ya se dan los primeros pasos para el inicio formal de la elaboración de las cuentas autonómicas pese a la falta de información, admiten la complicación de configurar unos presupuestos sin conocer esta partida de ingresos y señalan que dadas las circunstancias se trabaja sobre «estimaciones» de las previsiones de recaudación de los tributos propios y apoyándose en informes de la autoridad fiscal independiente (Airef).
La indefinición de los recursos con los que se contará es un hándicap para el Gobierno, que ha hecho de la responsabilidad fiscal una de sus banderas tras criticar duramente el incremento de la deuda que se ha producido en los mandatos de la izquierda. Asimismo, la reforma fiscal anunciada por Carlos Mazón y que reduciría la recaudación pública en 1.750 millones de euros obliga a la Generalitat a hilar fino con esa previsión de ingresos.
La orden de elaboración, en marcha
Este martes, Merino reunió a su equipo para iniciar la fase de preparación de la orden de elaboración de los presupuestos, una norma que se publica en el DOGV y supone el pistoletazo de salida oficial para el diseño de las cuentas. Tradicionalmente se dicta en los meses de junio o julio, antes del fin del periodo de sesiones en las Corts, si bien en los años electorales como este el proceso suele retrasarse.
Tanto en 2015 como en 2019, años con comicios autonómicos, el entonces conseller de Hacienda con el Botànic, Vicent Soler, firmó la orden de elaboración a mediados de septiembre. Un horizonte temporal que fuentes de la actual consejería de Ruth Merino dan como plausibles también para este 2023, aunque sin comprometerse.
Hay otra variable clave que añade más incógnitas para las cuentas autonómicas: en 2024 se espera el retorno de las reglas fiscales en la Unión Europea, que fueron suspendidas durante la pandemia para permitir a los países desplegar sus planes de choque. Bruselas fija el camino a los Estados miembros y estos a su vez marcan los objetivos a las administraciones autonómicas y locales.
Este martes el Gobierno confirmó que su situación de interinidad le impide fijar ese techo de gasto para las comunidades y que este será marcado por el próximo Gobierno. Este límite es un paso previo a la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y sirve, precisamente, como herramienta de gestión de los mismos, ya que es el tope con el que la Administración Pública tiene que cumplir con los objetivos de estabilidad presupuestaria.
El anteproyecto de los PGE debe presentarse antes del 31 de diciembre, algo que parece inviable dado el escenario actual. Debería fructificar una investidura, formarse nuevo Ejecutivo y elaborar esa norma, lo que aboca a una prórroga de las cuentas que implicaría una prórroga de las entregas a cuenta. Además, si es el PSOE quien logra articular esa mayoría, los presupuestos generales se enfrentarían a un posible veto del Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta.
