Donald Trump siempre ha creído en la máxima de que no hay publicidad negativa y a lo largo de su carrera empresarial y política ha sabido sacarle, con maestría, partido. El expresidente de Estados Unidos lo ha ratificado en los últimos cuatro meses, convirtiendo sus históricas cuatro imputaciones por lo penal en efectivas máquinas para recaudar fondos y seguir reforzando su ventaja en la carrera republicana para convertirse de nuevo en candidato para las presidenciales de 2024. Incluso para alguien como él, no obstante, la ley también dicta sus normas. Y en Georgia, donde la fiscal Fani Willis le imputó la semana pasada bajo una ley que persigue el crimen organizado con 13 cargos (que elevan su total ya hasta los 91), ha topado con el que se plantea por ahora como su mayor reto penal, político y personal.
La estrategia de Trump de explotar a su favor sus problemas legales cobraba de nuevo forma este jueves en Atlanta. A través de su equipo de abogados, retocado en el último momento para incorporar a un prestigioso letrado penalista local, Trump había negociado su entrega a las autoridades en la cárcel del condado de Fulton para la tarde. Y no era una negociación casual: con ese horario, que según el cierre del espacio aéreo decretado sobre la prisión se movía entre las 18.45 y las 21.00 horas locales (seis más en la España peninsular), hacía que coincidiera con el horario de máxima audiencia en la televisión.
En esa cárcel, infame por sus malas condiciones, investigada por la muerte reciente de un preso que fue hallado cubierto en chinches y piojos y donde los presos aprovechan el derrumbe de sus muros para hacer armas caseras, Trump iba a ser fichado antes de quedar en libertad bajo una fianza pactada de 200.000 dólares. Y como 11 de los otros 18 co-conspiradores también imputados en el caso y ya procesados, incluyendo el miércoles el exalcalde de Nueva York Rudy Giuliani y este jueves al mediodía su antiguo jefe de gabinete, Mark Meadows, enfrentaba la posibilidad de ser retratado con una foto para su ficha, para la que también en condiciones normales se toman huellas dactilares y se realiza un chequeo médico que permite luego que se hagan públicos peso y altura. Esta vez sería una fotografía real, no como la falsa que la campaña de Trump empezó a usar para vender “merchandising” cuando se anunció el pasado lunes su imputación.
Un caso completo y complicado
Trump explota interesadamente el caso de Georgia, que como los otros dos planteados en su contra por el fiscal especial Jack Smith y por Alvin Bragg en Nueva York denosta como parte de una supuesta “caza de brujas” y como “persecución política” e “injerencia electoral”, alegando que Joe Biden usa políticamente a fiscales y al Departamento de Justicia para dañar a su principal rival y favorito republicano. Pero indudablemente es también consciente del riesgo monumental que representa una imputación en la que él y otros 18 encausados están acusados de funcionar como “una organización criminal cuyos miembros y asociados participaron en varias actividades criminales relacionadas” para tratar de cambiar los resultados electorales de 2020 en el estado, incluyendo mediante la falsificación de documentos y declaraciones, la suplantación de la identidad de un funcionario público, intentos de soborno a testigos, robo informático, conspiración para defraudar al Estado y actos relacionados con el robo y perjurio.
A diferencia de las imputaciones federales de Smith, la de Willis, la más detallada y completa, es estatal, y eso hace que ni el propio Trump si llegara a ser reelegido presidente, ni ningún republicano que potencialmente llegara al Despacho Oval, podría darle un perdón en caso de que fuera condenado, un resultado que a Trump, de 77 años, podría acarrearle una pena de hasta 20 años de prisión. En Georgia, según la constitución estatal, ese poder recae únicamente en la junta de perdones y libertad condicional, que requiere que se cumplan al menos cinco años de una sentencia antes de poder solicitar un perdón.
Cámaras y un proceso como el de mafiosos
Las restricciones de cámaras en los tribunales que afectan a los casos federales y al de Nueva York tampoco se aplican en el caso de Georgia, que prima la transparencia. Y en el condado de Fulton podría ser total o parcialmente televisado el juicio a Trump, que podría celebrarse de forma expedita. La semana pasada la fiscal sugirió que las vistas de instrucción para que los 19 encausados se declaren culpables o inocentes se realicen en la semana del 5 de septiembre y aunque también entonces propuso que el juicio se iniciara en marzo, este mismo jueves presentó una moción en respuesta a la de uno de los imputados sugiriendo que arranque el 23 de octubre.
Aunque muchos expertos no consideran realista ese calendario, y se esperan mociones para dilatar el proceso de los abogados de Trump y otros encausados, el juez asignado para el caso, Scott McAfee, ya ha dado luz verde a las cámaras para los primeros procedimientos. E Incluso para alguien tan diestro en los medios como Trump, pueden resultar demoledoras las imágenes de un juicio comparable a los de mafiosos, con todos los encausados juntos si Willis logra su objetivo, y la exposición pública y detallada de la trama para revertir el resultado legal de las elecciones en el estado.
Condiciones y amenazas
La fianza impuesta a Trump en Georgia llega, además, asociada a condiciones. Según el escrito pactado entre fiscalía y abogados del expresidente y firmado el lunes por McAfee Trump tiene prohibido realizar “ningún acto para intimidar a nadie que sepa que es acusado o testigo en este caso o a obstruir de ningún otro modo que se administre justicia”. Además, tiene vetado hacer “amenaza directa o indirecta de cualquier naturaleza”, algo que incluye “mensajes en redes sociales o propagación de mensajes colgados por otro individuo”.
Sin duda parte de la preocupación se refiere a Willis, una fiscal negra, a la que las fuerzas del orden ya han asignado en las últimas semanas refuerzos de seguridad adicional cerca de su vivienda dadas las amenazas tanto personales como a su oficina. Y aliados republicanos del expresidente también han intensificado la presión sobre la ella. Jim Jordan, que preside el comité judicial de la Cámara Baja, ha abierto una investigación sobre la fiscal, a la que ha enviado una carta solicitando documentación y sugiriendo que ha actuado con motivación política. Es lo mismo que Jordan y el comité ya hicieron con Bragg, el fiscal, como Willis negro, en el caso de Nueva York.
