El Gobierno de Pedro Sánchez, recién llegado a Moncloa, paralizó en 2018 el proyecto de construir un almacén nuclear centralizado en Villar de Cañas, en Cuenca, tras años de retrasos y también de trabajos y de contratos licitados. Un frenazo que a la postre parece definitivo y que el Ejecutivo justificó en las dudas técnicas sobre su desarrollo y por el rechazo frontal de la Junta de Castilla-La Mancha a la localización elegida.
El Gobierno ahora en funciones descarta por completo retomar el proyecto de la localidad conquense, incluso rechaza ya la posibilidad de tener un único cementerio para albergar durante décadas los desechos nucleares, y prepara la aprobación de un nuevo plan de residuos radiactivos que derivará en la construcción de siete almacenes, uno en cada central nuclear.
Más de una década después de la aprobación de la elección de Villar de Cañas para acoger el depósito de basura nuclear por el Gobierno de Mariano Rajoy y tras un lustro desde la paralización de la tramitación, el ‘no’ a seguir adelante con el proyecto por el actual Ejecutivo aún sigue teniendo repercusiones financieras para las cuentas públicas.
Provisiones millonarias por el ATC
Enresa, la empresa estatal encargada de la gestión de los residuos radiactivos y titular del proyecto de Villar de Cañas, se prepara para asumir un roto millonario en sus cuentas porque da por hecho la pérdida de valor de todos los activos vinculados al proyecto (todas las construcciones ya realizadas, las instalaciones técnicas y otros activos inmovilizados materiales).
La compañía pública ha decidido provisionar 82,5 millones de euros para hacer frente al “posible deterioro de todo el activo” vinculado al almacén temporal centralizado (ATC) que se había proyectado y que ya no se realizará, según se recoge en las cuentas e informe de gestión del grupo correspondientes a 2022.
La construcción de un almacén temporal de residuos nucleares acumulaba ya un enorme retraso cuando se decidió frenar los trabajos de licenciamiento que estaba desarrollando el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). El plan original contemplaba tenerlo listo a finales de 2018, pero para entonces en la localidad conquense seguía habiendo poco más que un solar. Hasta la suspensión de la tramitación, que ya el Ejecutivo actual considera definitiva, Enresa había adjudicado contratos para impulsar el proyecto por 92 millones de euros.
Sin embargo, desde la compañía pública se matiza la decisión de provisionar esa cantidad es «una previsión reversible» en función de lo que finalmente suceda con el proyecto de Villar de Cañas y ante la posibilidad de que un nuevo Gobierno decida incluir su construcción en el futuro plan de residuos nucleares, como ha venido defendiendo en los últimos meses el Partido Popular.
Nuevo plan de residuos nucleares
El Gobierno ha venido trabajando en los últimos años en la elaboración del nuevo Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR), la hoja de ruta sobre cómo gestionar los desechos, cómo desmantelar las centrales nucleares y cómo pagar todo esto durante las próximas décadas. La tramitación del futuro PGRR está prácticamente completada, y aunque la aprobación era esperada antes del verano por el sector, el Ejecutivo decidió dejarlo para después elecciones generales del 23J y se está a la espera de que se produzca.
El plan del Ejecutivo de Pedro Sánchez pasa por construir siete almacenes diferentes para guardar la basura radiactiva, uno en cada una de las plantas nucleares españolas. La intención es mantener en cada central los residuos nucleares después de su cierre, cuya clausura escalonada está programada entre 2027 y 2035. Allí permanecerán los desechos durante décadas, hasta que se construya un almacén geológico profundo (AGP) con el objetivo de que esté operativo en 2073 y que guarde para siempre los residuos.
Tras mantener abiertas durante meses ambas opciones, el Ejecutivo socialista finalmente descartó construir un solo cementerio nuclear para guardar los desechos y apuesta por tener siete almacenes diferentes. Por el contrario, el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo ha venido defendido revisar aplazar el calendario de cierres de las centrales nucleares entre 2027 y 2035 pactado con las eléctricas, y también ha respaldado explícitamente la opción de un único almacén y resucitar el proyecto de construirlo en Villar de Cañas.
Sin consenso
Desde el Ministerio para la Transición Ecológica se ha venido alegando que la “falta de consenso social, político e institucional” demostrada durante el periodo de alegaciones del borrador del nuevo Plan General de Residuos Radiactivos hizo “inviable” la opción de un único almacén centralizado. Desde el sector nuclear se reconoce que se debe a que ninguna comunidad autónoma respaldaba la posibilidad de acoger el cementerio nuclear en su territorio, a pesar del interés de algunos ayuntamientos.
De hecho, la Junta de Castilla-La Mancha, encabezada por el socialista Emiliano García Page (reelegido con mayoría absoluta en las últimas elecciones autonómicas), ha mostrado durante años de manera insistente y por todos los medios -con reformas legislativas, en los tribunales…- su rechazo frontal a la construcción del cementerio nuclear en Villar de Cañas. La elección del municipio conquense para acoger el ATC fue aprobada en 2011 por el Gobierno de Mariano Rajoy, cuando sí contaba con el respaldo de la Junta regional, entonces encabezada por la también popular María Dolores de Cospedal.
