Ecuador se blinda para ir a las urnas. No solo porque miles de uniformados y agentes estatales buscan este domingo garantizar la seguridad de unas elecciones presidenciales que no solo son excepcionales por su carácter anticipado sino por la violencia que, en manos del narcotráfico, ha terminado con la vida de uno de los candidatos, Fernando Villavicencio. El crimen político generó las condiciones para una escalada del temor. Y el mercado ha encontrado su oportunidad de trabajar sobre el miedo. En vísperas de la contienda ha explotado el negocio de la venta de chalecos antibalas y cascos. Según el diario El Universo, esas modernas armaduras se convierten en «uniformes de trabajo«, no solo de los competidores en los comicios, sino de todos aquellos con los recursos suficientes para minimizar los riesgos en la calle.
Ecuador es un país sin moneda propia. Rige el dólar hace casi un cuarto de siglo. Los productos provenientes de Estados Unidos inundan las góndolas y comercios especializados. Una camiseta interior que amortigua los disparos cuesta 1.000 dólares. Un casco, 600 dólares. Un chaleco de calidad es mucho más caro. Police Tactical Equipment, un local ubicado en la avenida de las Américas, en Guayaquil, una de las ciudades más golpeadas por la inseguridad, exhibe sus modelos, hasta uno preparado para los cuerpos femeninos. Por unos 1.600 dólares, los consumidores vuelven a su casa envueltos en una fibra resistente a los impactos. Ellos y ellas no han recibido por lo general amenazas. Lo que temen, según han explicado algunos compradores a El Universo, es a una «bala perdida«. Que el azar los encuentre en el lugar y el momento equivocado y abra las puertas a un destino fatal. Por eso no dudan en llevar dos kilos más sobre sus espaldas.
La campaña electoral presentó amenazas hasta el último día de actividades proselitistas. En la ciudad de Durán, cercana a Guayaquil, el candidato Daniel Noboa, hijo del magnate y cinco veces aspirante a la presidencia por el conservadurismo, Álvaro Noboa, dijo haber escuchado el zumbido de las balas cerca suyo cuando, al frente de una caravana de automóviles, hacía su último intento de mejorar su lugar pésimo en las encuestas, que encabeza la correísta Luisa González. «Gracias a Dios salimos ilesos», dijo. El Gobierno del presidente Guillermo Lasso puso en duda la versión de los hechos y dejó en el aire la sospecha de un acto de manipulación de los sentimientos del electorado. No podría decirse lo mismo respecto a la suerte de dos hombres que, en otra zona de Guayaquil, el cantón de Playas, fueron encontrados a esa misma hora sin vida y maniatados: la firma del narcotráfico.
Crecimiento de la violencia
La serie de asesinatos políticos se aceleró desde el momento en que Lasso decidió anticipar las elecciones y, de esa manera, evitar una moción de censura por parte del Congreso, que lo investigaba por supuestos hechos de corrupción. El caso Villavicencio es observado como un punto de no retorno por varias razones: por primera vez, las bandas asociadas con cárteles mexicanos de la droga mostraron sus garras en Quito. A la vez, pusieron en evidencia hasta qué punto el hampa ha penetrado en el corazón del Estado.
El expresidente ecuatoriano Rafael Correa (2007-2017) dice no tener duda de que el atentado fue un complot de la derecha y un sector de las fuerzas de seguridad para evitar el triunfo de González. «Solo una hecatombe política podía impedir nuestro triunfo en una sola vuelta y esa hecatombe fue el asesinato brutal de un adversario acérrimo nuestro que estaba en cuarto o quinto lugar (en las encuestas). Les servía más muerto que vivo». Más allá de la hipótesis de Correa, a partir de la muerte de Villavicencio, el grave problema de la seguridad dominó los debates y posicionamientos de todos los candidatos, al punto de potenciar a un personaje hasta el momento marginal, como Jan Topic. Este empresario de seguridad hizo valer su condición de exintegrante de la Legión Extrangera francesa para presentarse como «el Bukele ecuatoriano», capaz de torcerle el brazo al crimen.
«El magnicidio ha dado lugar a que el país redimensione la acción de las mafias del narcotráfico, y los nexos entre el negocio de la droga con los intereses de mafias locales y sus enclaves en los medios políticos», señaló Rodrigo Albuja Chaves, columnista del diario capitalino El Comercio. El Estado, aseguró, «está institucionalmente destruido». Frente a este diagnóstico, «la unidad nacional es necesaria» porque «más allá de las posturas políticas hay que comenzar a reconstruir los elementos básicos de la institucionalidad, cuyo desmantelamiento viene operando desde los gobiernos anteriores y el actual».
Las deudas de Lasso
Lasso es, en este contexto, una figura invisible. La consultora Perfiles de Opinión ubicó el rechazo a su gestión en un 81,61%. Ese es uno de los motivos por los cuales no se postuló como candidato ni su partido, Creo, presentó candidatos a la Asamblea. El exbanquero, quien tomó posesión en 2021 con las ilusiones de darle a la elite ecuatoriano un liderazgo a largo plazo, abandonará el Palacio Carondelet por la puerta de atrás.
Antes de que se viera obligado a anticipar los comicios, Lasso era acosado por la protesta social. Como parte del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) de su antecesor, Lenin Moreno, el país se había comprometido a reducir su déficit fiscal. El ajuste golpeó en especial a los sectores menos favorecidos. La pobreza a nivel nacional se ubicó en 25,2% y la pobreza extrema en el 8,2%. Ecuador tiene una deuda externa de 48.129 millones de dólares. Su economía depende de la exportación de petróleo, puesta en entredicho por los movimientos ambientalistas, seguido del camarón, el plátano, el pescado enlatado, el cacao y las flores naturales. Lo que dinamiza el mercado interno es sin embargo el envío de remesas de los migrantes. El año pasado entraron 4.743,54 millones de dólares, una cifra récord. El 70% de ese dinero provino de Estados Unidos.
Las movilizaciones del movimiento indígena y los sindicatos hicieron tambalear al exbanquero. Pero ha sido el crecimiento exponencial de la violencia, en las cárceles y las ciudades, la que terminó por ubicarse en el centro de los problemas cotidianos. Las otras urgencias, entre ellas la desnutrición crónica infantil del 27,2%, que ubica a Ecuador como el segundo país de la región más castigado por ese flagelo, y una informalidad del empleo del 51%, quedaron relegados en la agenda electoral. La muerte se tragó todos los debates.
